Por si Acaso…
Por: Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez
09 de abril de 2018
*Ignoran a Legislativo y judicial
*Cuatro candidatos absolutistas

LA REPÚBLICA no es siempre sinónimo de democracia, sobre todo en naciones como México donde se observa un “gobierno coronado” o “monarquía republicana” en la que el titular del Ejecutivo ocupa el lugar central en el sistema político, supeditando al resto de los poderes a su voluntad y arbitrio, y esto se refleja en el espíritu autoritario de los candidatos a la Presidencia de la República en campaña que, en ningún momento de sus propuestas u ofrecimientos se refieren al resto de los poderes (Legislativo y Judicial) que le acompañarán como parte del Estado de Derecho que debe garantizar un gobierno constituido, y en ese tenor se erigen en señores de horca y cuchilla, unos prometiendo pensiones a personas que no trabajan, salarios mínimos al triple de los autorizados, cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, desaparecer Los Pinos, llevar a prisión a tal o cual corrupto o enemigo, reducir el IVA a la mitad en la frontera con Estados Unidos, bajar el precio de las gasolinas y el diésel, mejores salarios a las fuerzas armadas y maestros, acabar con las reformas estructurales y una serie de cosas que, se quiera o no aceptar, requieren la aprobación y el consenso tanto del Congreso de la Unión (Cámaras de Senadores y Diputados Federales) como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en otros casos, algo que los aspirantes soslayan convencidos de que un Presidente de la República debe ser el mandamás de esa “Dictadura Perfecta” a la que se refirió alguna vez el laureado escritor Mario Vargas Llosa.

Y ES que Ricardo Anaya no puede otorgar pensiones de 2 mil 500 pesos mensuales a todas las jefas de familia hasta que se reforme la Ley Federal del Trabajo que buscará, según él, la paridad salarial, ni tampoco bajar el IVA a la mitad en la frontera norte e igualar el precio de las gasolinas con EU si no tiene el consenso de ambas Cámaras, entre otros disparates. Andrés Manuel López Obrador si puede, en cambio, reducirse a la mitad su sueldo si gana la Presidencia, pero no puede dar amnistía a integrantes de la delincuencia si esto no lo aprueban el Congreso y la Suprema Corte de Justicia; tampoco puede echar abajo las reformas estructurales aprobadas en este sexenio ni impedir la construcción del nuevo aeropuerto, salvo que lo aprobara el resto de los poderes, incluida la SCJN ante quien se interpondrían amparos, seguramente. Tampoco podría regalar dinero en pensiones a quienes menos tienen –como lo propone Anaya, también-, porque los recursos no son de ellos sino de los mexicanos, y éstos exigen una administración transparente en beneficios colectivos, y no para que se adorne quien gane la presidencia, y en ese mismo tenor se encuentra Margarita Zavala que habla de aumentar recursos para combatir los feminicidios pero, también, para ayudar a mujeres desamparadas, o el caso de José Antonio Meade que propone la creación de un Registro Nacional para las Necesidades de Cada Persona, como si la constitución contemplara mexicanos de primera, segunda y tercera, y no solo ciudadanos con igualdad de derechos y beneficios. Por ejemplo, dice, para quien su prioridad sea estudiar, tendrá su beca; para quien tenga alguna discapacidad, tendrá accesibilidad e inclusión; para los adultos mayores, cuya prioridad sea la salud, tendrán apoyo para sus medicinas. Las necesidades son siempre personales y el apoyo de gobierno también lo será, algo que en un país como el nuestro resulta utópico dada la idiosincrasia del mexicano.

PERO MÁS allá de las propuestas populistas y poco sustentables de los aspirantes presidenciales, tal vez alguien debe darles un curso en torno a la separación de poderes en México, que no es otra cosa que la división de funciones del Estado entre órganos u organismos públicos distintos y separados por un origen o fuente de legitimación, o acaso donarles la obra inmortal del filósofo y ensayista francés Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu: “Del espíritu de las leyes”, donde se recrea el sistema de separación de poderes que considera el mejor en su especie como garantía contra el despotismo. Y es que según Montesquieu, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no deben concentrarse en las mismas manos. Se trata de una teoría de contrapesos, donde cada poder contrarresta y equilibra a los otros.

PARA QUE quede claro a los aspirantes a dictadores que de entrada soslayan al resto de los poderes asumiéndose como todopoderosos en caso de ganar la elección de Julio, basta señalar que cuando México se conformó en una República y adquirió como mecanismo de gobierno o reglamento general para todos los mexicanos una Constitución Política, pasó de ser un Estado Monárquico o Absolutista a un Estado de Derecho, lo que quiere decir que a partir de entonces la Nación se regiría basada en leyes que expresan las obligaciones y derechos para todos los ciudadanos, quienes en su conjunto tienen el poder de elegir la manera en que se estructura políticamente el País y a las autoridades que los representan desde tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales sirven para que ninguna persona o institución pueda tener el control absoluto de la Nación.

DE ESTA manera, en México no puede existir un Rey o alguien absolutista, sino que las decisiones se toman mediante el debate y participación de distintas fuerzas, desde donde surgen nuestras autoridades que, directa o indirectamente, son elegidos libre, periódica y democráticamente por ciudadanos. Así, al Ejecutivo lo representa el Presidente de la República, Gobernadores en los Estados y Presidentes Municipales. Su función principal es administrar los recursos públicos para invertirlos en el desarrollo social, político y económico del municipio, estado o país mediante programas, acciones, planes y estrategias gubernamentales. El Legislativo se conforma por los Senadores y Diputados. Ellos se encargan de hacer, modificar o eliminar leyes desde las cuales se expresan nuestras garantías individuales, obligaciones, estructura política y, en general, la normatividad para garantizar el adecuado desarrollo político, social y económico del país con orden y paz. Además, los Diputados tienen la responsabilidad de aprobar y evaluar año con año la Ley de Ingresos y de Egresos, desde donde se determina el dinero que obtiene el gobierno mediante nuestros impuestos, la forma en que se gastarán y la evaluación de dicho ejercicio, y el Judicial conformado por Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados y Jueces, es el encargado de hacer valer la Ley e impartir justicia, y desde ahí se catalogan delitos (de fuero común o federal) y se determinan castigos o sentencias a quienes falten con la normatividad vigente. Pero estos señores candidatos, ya se expresan como monarcas absolutistas, sin la mayor sensibilidad para quienes serán sus contrapartes en caso de llegar. Más humildad por favor. OPINA carjesus30@nullhotmail.com