En Veracruz opera el 60.5% de los pozos del país que utiliza agua para la extracción no convencional de gas y petróleo, mediante la técnica del fracking, de acuerdo con un informe de la CNDH.

La CNDH detalla que en México existen más de 3 mil 780 pozos en los que se utiliza agua para la extracción no convencional de gas y petróleo, mediante el fracking.

En Veracruz operan 2 mil 288, la cifra más alta del país (60.5 %).

Le sigue el estado de Puebla, que ocupa el segundo lugar nacional con mil 440.

En “Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, 2018” (disponible en la liga http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales) se establece que los principales estados en los que se encuentran yacimientos son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla.

“En el sureste de México, esta técnica amenaza con contaminar importantes ríos y acuíferos de los que dependen miles de personas (Conagua, 2015. Citado por De La Fuente, 2016). De esta manera, la explotación de hidrocarburos en estas zonas tendría un impacto en el derecho humano al agua y al saneamiento. Por otro lado, en muchas de estas regiones habitan pueblos indígenas (INEGI, 2015. Citado por De la Fuente, 2016). Es una técnica intensiva de perforación y fracturación de pozos cercanos entre sí”, refiere el estudio.

Los riesgos de esta técnica de extracción de gas o petróleo no convencional incluyen temblores e impactos adversos en agua, aire, agricultura, salud y seguridad pública, valor de las propiedades, estabilidad climática y fortaleza económica.

Los estudios realizados por la industria, así como los análisis independientes, indican que, con los materiales y la tecnología, que están disponibles en este momento, no pueden evitarse los problemas de ingeniería inherentes a este método, que incluyen sismicidad, fugas importantes de metano y deterioro del revestimiento y la cementación de los pozos, así como los riesgos para la salud pública (CHPNY y PSR, 2015).

Por otra parte, la CNDH detalla en su estudio que se comunicaron al Relator Especial numerosos casos relacionados con la contaminación y la polución de fuentes de agua provocadas por factores como proyectos mineros e industriales, plantas hidroeléctricas y extracción de hidrocarburos, incluida la utilización de técnicas de facturación hidráulica en algunos estados, como Veracruz, Puebla, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como por el uso indiscriminado e incontrolado de plaguicidas.

Se indicó que en muchos casos esos problemas ambientales afectaban directa o indirectamente las fuentes de agua, lo cual generaba preocupación por la calidad del agua potable y la protección de la salud en las zonas afectadas, teniendo en cuenta que varios contaminantes no quedan suficientemente eliminados por las plantas de tratamiento y que en algunos casos el agua se consume directamente de las fuentes.

Por ejemplo, en localidades donde no se ofrece más que un suministro esporádico y poco fiable de agua corriente, el consumo de las comunidades depende mucho de los ríos, los manantiales, los arroyos y los pozos locales.

Las comunidades de zonas afectadas por la contaminación de las fuentes de agua expresaron su frustración porque no se tenían en cuenta sus quejas, porque no se les consultaba adecuadamente antes de diseñar y ejecutar los proyectos y porque su derecho al agua parecía tener una prioridad muy baja para las autoridades competentes y las entidades privadas.

 Un representante indígena declaró que “las fuentes de donde tomamos nuestra agua son las mismas que utilizan las empresas de hidrocarburos. Sentimos que el agua está enferma y que nosotros también nos enfermamos, porque el agua está enferma”.

El estudio es resultado del esfuerzo de un grupo de académicos pertenecientes a la Coordinación de Humanidades, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), bajo convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Sexta Visitaduría General.

El informe de la UNAM cita otro de 2016 de la U. S. EPA (Agencia de Protección Ambiental del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica), que encontró evidencia científica de que las actividades de fracking pueden afectar los recursos de agua potable en algunas circunstancias.

Xalapa- 2018-05-2715:42:22- LeticiaCruz/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO