Veracruz- 2018-05-2208:43:25- La construcción de 21 ciudades judiciales en Veracruz bajo la modalidad de Asociación Públicos-Privadas afectará el presupuesto del Poder Judicial hasta por los próximos 25 años, pues casi el 100 por ciento de las participaciones federales estará destinada pagar intereses a las empresas que financiaran la edificación de los inmuebles.

Con esta modalidad de Asociación Públicos-Privadas, en las que se está beneficiando a empresas afines al actual Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares como es la Familia Ruiz-quienes supuestamente ganaron la licitación- la deuda del poder judicial se triplicará, pues para dichas ciudades judiciales se estimó una inversión de hasta $1, 301, 622,000. 00 (Mil Trescientos Un Millones Seiscientos Veintidós Mil Pesos 00/100 M.N.) más IVA, rendimientos y mantenimiento, que al ser cubiertas en un plazo de 300 meses, es decir 25 años, se terminará pagando un total de $3,965,173,500.00 (Tres Mil Novecientos Sesenta y Cinco Millones Ciento Setenta y Tres Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) más IVA.

Lo anterior implica que mensualmente el Poder Judicial estará pagando 13,217,245.00 (Trece Millones Doscientos Diecisiete Mil Doscientos Cuarenta y Cinco pesos 00/100 M.N.) más IVA, lo cual representa una cifra grotesca sí se considera que con ello se estará comprometiendo prácticamente la totalidad del dinero público estatal y federal destinado a éste poder como ha quedado definido y autorizado por el Congreso de Veracruz tras la aprobación de dicho proyecto y publicado en la gaceta oficial del estado.

Así pues, el Congreso del Estado autorizó que, el Poder Judicial se coordinará con el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para llevar a cabo los actos jurídicos necesarios para formalizar la fuente de pago o garantía y la afectación de los recursos públicos que representará un fuerte golpe para la justicia en Veracruz.

La justificación para comprometer y endrogar históricamente al poder judicial de Veracruz durante los próximos 25 años ha sido que, se recurrió a la inversión del sector privado, con el objetivo de mejorar la infraestructura para contar con centros de impartición de justicia dignos, eficientes y funcionales que permitan a los habitantes del Estado el debido acceso a la justicia bajo el argumento de no contar con recursos propios.

Sin duda la jugosa ganancia de las ciudades judiciales que favorecerá a un grupo de empresarios porteños se trata del golpe más duro que históricamente se le ha propinado al Poder Judicial de Veracruz. Álvarez Peña ha anunciado que, los trabajos podrán comenzar el próximo mes de julio.

Dentro de las ciudades Judiciales a desarrollar se encuentran los municipios de Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca.

Contrata firma en México con negro historial para asesoría de Ciudades Judiciales

Empresa inhabilitada por incumplir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa asesorará a Poder Judicial de Veracruz

Además de que, las empresas constructoras que ganaron la licitación para edificar 21 ciudades judiciales en la entidad se encuentran relacionadas con empresarios cercanos al Gobernador Miguel Angel Yunes Linares, como es la familia Ruiz, el Poder Judicial del Estado de Veracruz que preside Edel Álvarez Peña ha contratado al Despacho Deloitte Asesoría Financiera, S.C., que en 2011 y 2015 ha sido sancionado e inhabilitado por la Auditoria Superior de la Federación y por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).

El referido despacho –con negros antecedentes y constantes inhabilitaciones por incumplimiento- fue contratado por Edel, para que según el comunicado 61 del Poder judicial con fecha 11 de mayo, brinde la orientación técnica, legal y financiera para que los procedimientos de contratación –de las constructoras afines al gobierno de Veracruz- que edificaran las ciudades judiciales “se lleve a cabo en forma oportuna, eficiente, transparente, ordenada y completa” se lee en la nota oficial.

En 2015 fue inhabilitada por 5 años y publicado en el Diario Oficial de la Federación, ninguna dependencia federal o entidad podría contratar al Despacho Deloitte Asesoría Financiera, S.C, a quien extrañamente a finales de 2017 se le perdonó y se dio a conocer que, quedaba sin efectos la inhabilitación; lo anterior no exime al despacho de irregularidades y omisiones cometidas que parecieron no importarle al Poder Judicial de Veracruz para contratar.

Lo anterior advierte que, el hoy Presidente del Poder Judicial de la entidad, ha contratado una empresa con un pésimo historial y es que Deloitte Asesoría Financiera, S.C., ha sido evaluada por organismos internacionales calificadores como Auditor de Auditores como uno de los despachos con la peor conducta profesional descubierta hasta la fecha” por “falsas auditorías, falsos testimonios, falsificación de documentos” y constantes fallas, no solo en México, sino en otros países como Brasil.

El despacho contable Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, que representa a la consultora Deloitte en México, ha incurrido en sin número de faltas e incumplimientos, ejemplo de ello lo ocurrido con Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) a quien desde 2011 le falló con la operación del Sistema Juicio en Línea (SJL) para el que fue contratado y tras reiteradas promesas de cumplir, las fallas permanecieron, lo que ha impedido la agilización de la justicia en México, al menos en el rubro fiscal y administrativo.

Sobre la inhabilitación y diversas amonestaciones a la firma – Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza- que representa a Deloitte en México, ha sido publica, dado cuenta de ello sinnúmero de medios electrónicos, lo que hace inevitable que Edel allá pasado desapercibida dicha información que además quedo asentada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre de 2016.

El Sistema de Juicio en Línea (SJL) es un sistema de información cuya principal función es la de gestionar digitalmente el flujo de trabajo de los casos atendidos por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). En promedio, un juicio dura 1,372 días (cerca de 4 años) así que el principal beneficio esperado del SJL era agilizar la gestión de casos para reducir la duración de los juicios, pero la empresa no cumplió.

El sistema fue contratado en abril del 2010 (después de una licitación desierta) y desarrollado durante 2010 y 2011 y hasta el año pasado este sistema resultó un fracaso con la firma contable Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, quien en México representa a la Firma Mundial Deloitte. Se trata de una firma mundial, que es representada por diferentes despachos en cada país.