Por si acaso…

Por Carlos Jesús Rodríguez

*Niños: entre la línea de fuego
*Al caduco estilo calderonista

EN EL Capítulo V del Protocolo de Actuación Policial para el Uso de la Fuerza Pública en el Estado inherente al tema “Responsabilidades”, el ordenamiento establece que: “el uso indebido de la fuerza genera responsabilidad penal y administrativa para el personal de la Policía en términos de La Ley Número 553 del Sistema Estatal de Seguridad Publica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Penal Federal, Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos en el estado de Veracruz y demás normativas vigentes, además de implicar responsabilidad para el Estado Mexicano en el ámbito internacional”, un tema, sin duda, delicado que suele traer consecuencias si no se guardan ciertas normas, aun cuando el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, argumentó en Marzo de este año que la Policía de Veracruz está facultada para el uso de la fuerza letal, incluso contra menores de edad cuando se responda un ataque “de manera proporcional”, esto tras el asesinato de dos hermanas en el municipio de Río Blanco, hecho que provocó indignación mundial tras mostrarse un video donde una de las menores acribilladas solo había sido herida, aunque, posteriormente yacía sobre la calle con varias heridas de bala. Yunes diría en ese entonces: “la Policía está regulada, el uso de la fuerza está regulado, el uso de la fuerza letal, y la policía cuando es agredida y se pone en riesgo la vida de los elementos, está plenamente justificado que respondan de manera proporcional al ataque que están recibiendo, no importa quién sea quien los está atacando”.

Y EL tema viene a colación por un hecho que no tiene desperdicio –y que conste, no defendemos delincuentes, nunca lo hemos hecho ni lo haríamos porque nuestra labor no es esa-. El miércoles pasado, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, tras varios dimes y diretes con empresarios de Ferromex que denunciaron sabotaje a un tren de carga en su paso por Orizaba, siendo el sexto este año con fines de asalto, versión que el mandatario negó insistentemente pese a los videos mostrados, finalmente, a petición del Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con funcionarios de la Policía Federal y directivos de la empresa concesionada por el gobierno Federal para brindar el servicio de transporte de carga en la región sureste de México, y ahí advirtió que ha dado instrucciones para que los elementos de Fuerza Civil e IPAX actúen con la máxima energía permitida por la ley en contra de delincuentes. “Irán bien armados, si hay un ataque al tren, las armas serán usadas, que no quede duda porque se ha afectado a muchas personas”.

Y HASTA ahí las cosas podrían tener fundamento si se considera que de acuerdo al Sistema Ferroviario Mexicano, solo entre Octubre y Diciembre de 2017 se registraron 720 robos y asaltos a ferrocarriles que circulan por el País, es decir, un promedio de 240 mensuales o bien, ocho a diario, lo que representa un incremento del 476 por ciento respecto del primer trimestre de ese mismo año cuando se produjeron 125, y del gran total, 824 que representan 47 por ciento se cometieron en los Estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro, siendo el objetivo principal el robo de productos alimenticios, básicamente en su modalidad de granos; carga, y componentes de unidades de arrastre, cables y partes de vías o de señales.

LA SITUACIÓN es inaguantable: Veracruz acumuló en el último trimestre del año pasado, 276 asaltos a trenes; Puebla 230; 196 en Guanajuato y 122 en Querétaro, pero en el más reciente sabotaje se quedaron volteadas locomotoras, plataformas, tolvas y se levantaron pedazos de vía, recurriendo la delincuencia y algunos pobladores al cierre de válvulas de frenos, barricadas y manipulación de cambio de vías para causar descarrilamientos, y de pobladores para detener la marcha y luego saquearlos. Las pérdidas fueron millonarias, aunque lo curioso es que durante el encuentro de ayer se dijo que dos células al servicio de un tal “Bukanas”, líder huachicolero y del grupo Sangre Nueva, y el de Los Rosas, conformada por expolicías de una empresa de seguridad privada que ofrecía servicios a Ferrosur, son los responsables de la comisión de esos delitos en los que intervienen habitantes de algunas comunidades, pero lo que llama la atención es que la información no es nueva y, sin embargo, no se había atendido por alguna razón que desconocemos, porque queda claro que los datos no fueron concretados de un día para otro.

PERO MÁS allá de ello, hay otro dato que preocupa: en los sabotajes, como quedó de manifiesto en el encuentro, participan grupos de población cercanos a las vías; gente del pueblo que ya sea por voluntad propia o bajo amenazas de grupos delincuenciales se suman al saqueo de trenes, y entre éstos hay niños y adolescentes que son usados como escudo, y uno de pregunta: si la instrucción es el uso de la fuerza letal, esto es, disparar contra presuntos delincuentes que atenten contra el sistema ferroviario, Veracruz podría estar muy pronto en el escenario internacional por violaciones a derechos humanos, pues algo queda claro: los policías no tienen una definición clara de lo que dice el manual en torno a cuándo actuar.

Y ES que en el uso de la fuerza pública, los integrantes de las corporaciones policiales deberán apegarse a lo dispuesto expresamente por la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz, en los principios de congruencia, proporcionalidad, oportunidad, racionalidad, excepcionalidad y progresividad y en el Protocolo. Los principios anteriormente señalados se definen de la siguiente manera: a) Congruencia: Es la idoneidad del medio a emplear, según la agresión sufrida. B) Proporcionalidad: Supone que el uso de la fuerza debe ser de igual dimensión e intensidad al objeto legítimo que se busca. C) Oportunidad: Que sea necesaria la intervención del integrante de la corporación policial. D) Racionalidad: Relación y congruencia entre el medio empleado y el fin buscado. E) Excepcionalidad: El integrante de la corporación policial debe agotar todos los medios disuasivos a su alcance antes de utilizar la fuerza pública o las armas de fuego. F) Progresividad: Al agotarse los medios disuasivos se puede utilizar la fuerza pública o las armas de fuego en orden progresivo de menor a mayor intensidad. A los policías se les educa para cumplir instrucciones, y una orden mal dada podría desatar tragedias lamentables en las que los muertos sean niños y adolescentes usados por grupos delincuenciales. Y una sugerencia: ¿Por qué mejor no se recurre a la inteligencia policiaca, a la investigación científica y se desintegran a esas bandas que tienen asoladas al Estado, en lugar de declararles la guerra como alguna vez lo hizo el ex Presidente panista Felipe Calderón con las consecuencias a la vista?. Insistimos: resolver la inseguridad mediante millonarias recompensases o declarando la guerra sin cartel a los grupos fuera de la ley, solo agravará el problema, y pronto estaríamos al nivel de Jalisco. Al tiempo. OPINA carjesus30@nullhotmail.com