Por Aurelio Contreras Moreno

A estas alturas, nadie duda que la esposa de Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías Tubilla, jugó un rol protagónico en la marejada de desvíos de recursos con la que saquearon al estado de Veracruz durante el pasado sexenio.

Señalada como el verdadero “cerebro” detrás de la triangulación de recursos públicos que al final fueron a parar a cuentas bancarias y propiedades adjudicadas a prestanombres, Macías Tubillafue, como suelen ser las “primeras damas”, prácticamente intocable durante la administración de su marido, que le concedió amplias parcelas de poder desde las cuales hacía sentir su influencia, dentro y fuera del gobierno. No es exagerado afirmar que los funcionarios de todos los niveles temían más contrariarla a ella, que al propio gobernador.

Muy pocos medios y periodistas se atrevieron a exhibir en su momento los excesos de Karime Macías y sus familiares incrustados en la nómina estatal -como Córsica Ramírez y Brenda Tubilla-, que desde entonces ya eran conocidos y comentados de manera soterrada, por miedo a las represalias.

En la Rúbrica se publicó, por ejemplo, la historia del examen de grado doctoral que presentó Karime Macías el 30 de septiembre de 2014 en la Universidad Complutense de Madrid, ciudad a la que la acompañaron desde México unos cien invitados cuyos gastos fueron cubiertos en su totalidad por el Gobierno del Estado de Veracruz, incluyendo el transporte aéreo, la alimentación y el hospedaje en el hotel Villa Magna. La recepción se llevó a cabo en el Teatro Real, un ala del Palacio Real de Madrid, lugar frecuentado por el “jet set” de la capital de España.

Una vez caídos en desgracia los Duarte Macías, muchos de los que callaron hasta la ignominia durante seis años, se envalentonaron y comenzaron “despepitar” en contra del defenestrado matrimonio. Y comenzaron a conocerse otras historias de excesos, desvíos de recursos públicos y monstruoso enriquecimiento. De eso, ya hace más de dos años.

Precisamente por esto último es que la orden de aprehensión contra Karime Macías anunciada este domingo por el fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, no puede verse de otra manera más que como otro artificio electorero del régimen que sucedió al de Javier Duarte, y que ante la ausencia de resultados concretos en materia de seguridad y desarrollo económico, se ha aferrado al tema de la persecución contra el duartismo aplicando la justicia de manera selectiva y de acuerdo con su particular conveniencia política.

Los datos en los que sustenta la Fiscalía General del Estado su acusación contra KarimeMacías Tubilla por probable daño patrimonial al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por un monto superior a los 112 millones de pesos, los tuvo a su disposición desde que tomaron el gobierno. Algunas de las adquisiciones a través de empresas fantasma que se le achacan incluso habían sido publicadas ya en la prensa local.

De hecho, desde antes de las elecciones de 2016, el entonces candidato Miguel Ángel Yunes Linares y su abogado Jorge Winckler ya habían presentado una denuncia, el 3 de abril de aquel año, en la que involucraban a Karime Macías en el delito de enriquecimiento ilícito como integrante –junto con varios de sus familiares- de una red en la que se hicieron de una fortuna en bienes inmuebles a través de prestanombres. Meses después comenzarían a conocerse a detalle esas propiedades.

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares siempre tuvo en su poder esta información, pero decidió “administrarla” y darla a conocer a cuentagotas. Y ahora, exactamente a la mitad de las campañas por la gubernatura-cuando en las encuestas serias se evidencia que la candidatura del hijo del gobernador está estancada- se lanza penalmente contra Karime Macías, con la nada oculta intención de continuar lucrando electoralmente con un tema que pudo haber zanjado, por lo menos, hace año y medio.

Con varias agravantes: en caso de que se localice y proceda a la aprehensión de la ex presidenta del DIF, que por lo que se sabe radica en Londres, el proceso de extradición –que tendría que solicitar el Gobierno Federal, a través de la PGR- seguro se prolongaría por varios meses.

Y eso, en caso de que en verdad quisieran detenerla. Porque ni a Arturo Bermúdez, ni a Mauricio Audiracni a ningún otro de los duartistas que hoy están presos, les avisaron que iban a por ellos. ¿O de veras creen que Karime Macías los va a estar esperando?

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