Para nadie es sorpresa el estado de indefensión en el que vivimos los veracruzanos desde, al menos, 2006. De doce años para acá, las estadísticas sobre incidencia de diversos delitos en Veracruz siguen revelando que nos encontramos prácticamente por arriba de la media nacional en casi todos los delitos de alto impacto, de acuerdo al reporte presentado por el Observatorio Nacional Ciudadano. Seguridad, Justicia y Legalidad (febrero 2018).

Ante tales cifras, el gobierno oficialista del PAN en Veracruz ha optado por hacer mutis, y emprender con usos de antaño (del priismo, pues) campañas para intentar moldear de nuevo la percepción de que en el estado “no pasa nada”, y trasladar la tragedia al show mediático y político.

Haciendo memoria, poco antes de que los nuevos munícipes tomaran protesta, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, convocó a los alcaldes, impedidos legalmente para tomar cualquier decisión al respecto pues no habían tomado protesta aún, a pactar sobre las directrices en materia de seguridad. Si bien varios alcaldes electos acudieron al llamado, a quienes no fueron se les fustigó con dejarlos sin seguridad, como es el caso de Xalapa, nuestra capital, y otros municipios importantes, alejándose del marco jurídico establecido, al desentenderse el gobierno estatal de sus facultades y obligaciones.

Ahora, en tiempos de campaña, recurren a la misma estrategia, pero con las cámaras de vigilancia, que dicho sea de paso son un negociazo entre gobierno y empresas, capturando y privatizando un derecho más, y desatendiéndose de una obligación como gobierno.

El cruce entre el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares (PAN) y el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero (Morena), despliega de nuevo el uso faccioso y con tintes político-electorales sobre asuntos de interés público y superior. Si bien la administración municipal xalapeña trabaja a marchas forzadas, el titular del poder ejecutivo estatal sale de nuevo a amagar, declarando que si esas cámaras no se instalan en SUS términos, las enviará a otras regiones del estado, desatendiendo a la capital veracruzana.

¿Quién gana con esto? Definitivamente no los ciudadanos: ni los de Xalapa, ni los de los otros municipios que pudieran ser beneficiados con esas cámaras, territorios que, por cierto, de inicio no fueron considerados, evidenciando una falta de planeación para su implementación.