Por si acaso…

Por Carlos Jesús Rodríguez

 

*Justicia y gracia a los amigos

*La ley instrumento electoral

AHORA QUE el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ha mostrado una eficacia sin parangón en materia de espionaje, seguimiento y localización de personas buscadas por la ley, no estaría de más que los mecanismos de inteligencia científica con los que localizó a Karime Macías de Duarte fueran aplicados para ubicar a quienes han convertido a Veracruz en un desastre en materia de inseguridad (léase: secuestros, asaltos, levantones, asesinatos, robos y extorsiones), entre otros, a los que recientemente identificó como responsables de asaltos, sabotaje y vandalismo contra trenes de carga como Roberto de los Santos de Jesús, alias “Bukanas” y su banda integrada por los ex policías estatales Manuel Conrado, Daniel Jazmín, Ubaldo Sánchez, Jaime Vázquez y los presuntos delincuentes Aurelio Vázquez, Julio Vázquez, Miguel Cruz y Oscar Vázquez, además de Alonso Rosas Longino y Eligio Rosas Hernández, estos últimos dirigentes de otra célula criminal identificada como “Los Rosas”. Por el primero ofrece hasta 5 millones de pesos a quien o quienes aporten informes que lleven a su capturas, y por el resto cantidades no tan altas pero significativas, o incluso para encontrar al ex fiscal del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras por el que promete un millón de pesos, y que sus radares: drones, aviones de video vigilancia, intervención de comunicaciones: celular y redes sociales no han podido ubicar, ni siquiera la multiplicidad de informadores políticos -léase “orejas”- con que cuenta la Entidad, y que al igual que en Londres, vigilan a la población mediante sofisticada tecnología incrustada, incluso, en un vaso desechable de café, en supuestas bolígrafos, en la ropa o en gorras deportivas.

EN VERACRUZ son cientos de órdenes de aprehensión que no se han ejecutado pero, al parecer, a la Fiscalía General del Estado le ha obsesionado un solo tema, dejando a un lado otros casos que, igualmente, son necesarios de cumplimentar para llevar ante la ley a quienes han cometido ilícitos, sobre todo porque la Entidad se deshace ante el reclamo ignorado de empresarios, ganaderos, comerciantes o gente productiva que han sido víctimas de asaltos, robos, secuestros o extorsiones, o de madres que siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Veracruz tendría otro destino si la tecnología de punta usada para otros fines, se aplicara en garantizar la seguridad de hombres y mujeres del Estado.

PORQUE ES triste enterarnos que Veracruz ocupa el primer lugar nacional en feminicidios, esto es, en asesinatos de mujeres por el hecho de serlo, junto con Nuevo León, y que de acuerdo a la numeralia con perspectiva de género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de Enero a Abril del año en curso, de los 100 municipios con mayor incidencia de ese delito en el País cuatro son veracruzanos, en este caso Isla que ocupa la posición 39; Poza Rica, la 40; San Andrés Tuxtla, 41 y Tierra Blanca, la 42. Pero los Estados de Veracruz y Nuevo León se disputan el primer sitio en incidencia con 23 feminicidios registrados en cada Entidad, por encima de Guerrero y el Estado de México que registran 18 casos; Chihuahua y Ciudad de México con 16, y Jalisco, Sinaloa y Chiapas con 11, respectivamente. Con base en las estadísticas del SESNSP, en el delito de homicidios dolosos la Entidad se colocó en el puesto 10 de 32 Estados, en lesiones dolosas en la posición 12 y, sólo para el delito de trata se tuvo su mejor desempeño al reportar cero casos. En homicidios dolosos por cada 100 mil mujeres, Veracruz ya no destacó, pues se ubicó por debajo de la media nacional que es de 1.3 por ciento, al obtener 0.66 por ciento.

APENAS EL 12 de Febrero de este año, el portal nacional “La Silla Rota” que dirige desde la ciudad de México Roberto Rock, publicó un extenso reportaje titulado “Los prófugos del gobierno de Yunes Linares”, en el que describe que “ex funcionarios duartistas, ex mandos policiales ligados a desapariciones forzadas y presuntos integrantes del crimen son algunos de los prófugos”, y agrega: “a la mayoría de estas personas les han sido giradas órdenes de aprehensión, han enfrentado procedimientos penales o el Gobierno de Veracruz ha ofrecido recompensas hasta por 1 millón de pesos (ya hay por cinco millones) que lleve a su paradero, sin embargo, su rastro hasta la fecha es desconocido”. En la lista por desaparición forzada de personas ubica el caso de Nabor Nava Holguín, ex subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte. Por el mismo asunto a Manuel Alejandro Trujillo Rivera, ex director de Operaciones de la SSP, y el listado lo completan: José Manuel Martínez Sánchez, Roberto Carlos López Flores, Claudio Álvarez Ramos, Luciano Esquivel Martínez, Martín Castillo Hernández, Iván de Jesús Antonio Cruz, Norberto Sánchez Benítez, Alberto Campa Domínguez, William López de los Santos y Cristopher Pérez Reyes. Anota, paralelamente, a Leonel Bustos Solís, ex director del Régimen Estatal de Protección Social; Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). Yunes Linares también ofrece 1 millón de pesos por información sobre Alaín López Sánchez, alias “La Liebre”, presunto autor intelectual del homicidio de seis integrantes de la familia Martínez Pech, entre ellos 4 menores de edad. Entre los prófugos de la ley, también, hay servidores públicos de la actual administración como Miguel Acevedo Escobar, comandante de la Policía Ministerial de la FGE, quien, el 22 de octubre de 2017 disparó contra dos hombres, padre e hijo, causando la muerte del más joven. La agresión se registró en el municipio de Martínez de la Torre.

HAY MAS, muchos más prófugos de la justicia que a la Fiscalía General del Estado no le interesa detener porque no significan publicidad para la causa Yunista y, consecuentemente para la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la gubernatura. Otros, que deberían estar en prisión por omisión, incumplimiento de un deber y actos fraudulentos son ahora candidatos a puestos de elección popular en franca compensación por los servicios “informativos” prestados al actual gobierno, muy a pesar de que en el pasado fueron beneficiarios del duartismo. Que quede claro: no defendemos a nadie, y estamos de acuerdo en que sean llevados ante tribunales quienes hayan violentado la ley, sin embargo, entendemos que la justicia debe ser pareja y no solo aplicarla a quienes generan un beneficio para la consecución transexenal, pues Veracruz merece vivir en el imperio de la ley y no en el principio juarista de a los amigos justicia y gracia y a los enemigos justicia a secas hasta la ignominia. Eso se llama oportunismo político y solo beneficia a quienes desean apoderarse del Estado, sepultando la bisoña democracia. Así las cosas.

OPINA carjesus30@nullhotmail.com