Los hechos han demostrado cuan equivocados estaban en el INE cuando aseguraban que no había en el país focos rojos que atender durante el proceso electoral en curso; y la Secretaría de Gobernación desde donde se proponían evitar que la delincuencia entorpeciera el proceso; finalmente la realidad se impuso y mostró su duro rostro reflejado en decenas de candidatos asesinados y muchos más fuera de la competencia obligados a renunciar por amenazas recibidas. Para colmo, el Partido del Trabajo está acusado de postular en Morelos a Alfonso Miranda Gallegos para presidente municipal de Amacuzac, a quien la autoridad judicial acusa de estar vinculado al crimen organizado. Pesa sobre Miranda Gallegos una orden de formal prisión en el Centro Federal de Readaptación Social No. 14, en Durango, por cargos formulados por la SEIDO de PGR. ¿Cuántos casos como este habrá en el país? Lo peor es que van solapados por partidos políticos.