Sabino Cruz V.

El pasado 30 de abril de abril del año en curso, haciendo uso de mi derecho a la información, solicité al INFOMEX-Veracruz datos sobre la licitación de las tiendas escolares que prestan sus servicios en las escuelas secundarias generales de la ciudad de Xalapa, ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018; sobre los ingresos mensuales de cada una de ellas en los mismos ciclos escolares; así como el porcentaje que se destina a dichas escuelas.

Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación, a través del secretario técnico Lic. Gerson Martínez Velazquéz (sic) responde que “de acuerdo al artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría (…) no se encontró evidencia documental bajo los parámetros y periodos de búsqueda aplicables, por lo que informo que se encontró cero documentos relacionados con su petición”; el subdirector de escuelas secundarias generales, maestro Enrique Reyes Reyes, por su parte responde a la misma solicitud que “no se cuenta con la información solicitada por ser recursos de carácter privados y no públicos los ingresos en las tiendas escolares de las Escuelas Secundarias Generales de Xalapa”, y que en cuanto al porcentaje, informa que de acuerdo al Decreto Número 237, publicado en la Gaceta Oficial de febrero de 2017, este es del 80 por ciento, recurso que se destina para “el mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los planteles educativos públicos y servicios correlacionados”.

La ausencia de un contrato firmado entre los concesionarios, sea por la vía de la licitación pública o por adjudicación directa, al que hacen alusión los Sujetos Obligados, deja ver que “algo huele a podrido en Dinamarca”, ya que es inconcebible y mucho menos aceptable que con tantos recursos que se mueven en los establecimientos de consumo escolar, conocidas como “Tiendas Escalares” (vid “Cooperativas Escolares, nueva forma de delincuencia organizada”, www.libertadbajopalabra.com 30/04/2018), la Oficialía Mayor, la Subsecretaria de Educación Básica, el Director de Educación Básica, así como el Subdirector de esa misma dependencia, respondan que tienen “cero documentos” en sus archivos.

Que se amparen los funcionarios en la secrecía de lo privado y por tanto no fiscalizables, deja más dudas e insatisfacción, en tanto que los dividendos que se están obteniendo dentro de un espacio público, como son las escuelas, y en donde hay miles de consumidores cautivos, debería obligarlos a mantener vigilado los recursos que ahí se están generando; observar si el porcentaje que deja el concesionario en las escuelas corresponde al ingreso real, y si ese ochenta por ciento del que se habla, es ocupado para el “mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los planteles educativos públicos…”

El enojo de los concesionarios que antecedieron a la llamada “administración de la alternancia”, por el desplazamiento al que fueron objeto en los primeros días de asumir el cargo los funcionarios de la secretaría de educación de Veracruz, tiene su raíz en lo que ahora, de manera oficial se sabe: los concesionario actuales, no concursaron, simplemente, “un poderoso” repartió las escuelas de educación básica del Estado. Esto, además de las jugosas ganancias que obtiene, les ha dado, además, pasaporte de impunidad, ya que, ni por asomo son supervisados por la secretaria de salud o por alguna otra dependencia afín.

Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras, lo que en palabra llanas querrá decir que solo esto nos faltaba. Era tanta la ilusión en el cambio de siglas y colores, que a la luz de los resultados presentados hasta el momento, hace surgir la duda de que habría pasado, o pasará, si hubieran sido, o sean, más de dieciocho meses al frente del gobierno.