Aunque es de gran relevancia que el ex Fiscal General de Veracruz pase a la calidad de perseguido para que responda por los terribles delitos que se le imputan, el tema es propio de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es quien debió anunciar la apertura del procedimiento y ofrecer la recompensa necesaria para allegarse con la persona de su antecesor, y no ser el gobernador del Estado quien se asuma como cabeza de la investigación.

Al sustituirse en la personalidad del fiscal, es obvio que el mandatario convierte lo que debe ser un asunto de legalidad y justicia en un tema político. Lo que pretende es dar la imagen de que su régimen funciona y él cumple sus promesas de campaña, de llevar ante los tribunales y a la cárcel a los transgresores.

Esto, a su vez, tiene vinculación con la jornada electoral de su hijo, en busca de la gubernatura, porque intenta darle buena imagen al apellido Yunes, y todo, finalmente, es un mecanismo antiético, que rompe además con la institucionalidad y la separación de funciones entre órganos de gobierno, donde la Fiscalía es perjudicada porque se atropella su autonomía de estado.

Pero también somos perjudicados los veracruzanos, porque estas intromisiones revelan que si el gobernador carece de pudor para conculcar en lo público la función de las instituciones, no tendrá límites en lo privado para atropellar la ley a fin de que gane su hijo.