Sociedad 3.0

Sergio Vázquez Jiménez, Mercedes Santoyo Domínguez y José Emilio Cárdenas Escobosa, tres de los cinco integrantes del recién nombrado Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, aseguraron no tener intereses ni vínculos de carácter partidista o gubernamental que les impidan realizar su función orientada a señalar actos de corrupción.

Entrevistados por Carlos Luna Escudero en el programa La Conjura, de Sociedad 3.0, se manifestaron dispuestos a entregar su mejor esfuerzo para transformar el actual estado de cosas y dijeron sentirse representantes de los ciudadanos veracruzanos.

Los tres fueron señalados por Víctor Manuel Andrade Guevara, quien fuera parte de la comisión que los seleccionó, como carentes de legitimidad por haberse desempeñado en cargos públicos y de carácter partidista, lo que les podría restar plena autonomía en el desempeño de su nueva responsabilidad.

Los seleccionados recordaron que la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción actuó de manera transparente al haber emitido una convocatoria pública y compartir en vivo por medios electrónicos las entrevistas con cada uno de los aspirantes.

El tiempo que cada uno se desempeñará es variable, según la ley, porque Sergio Vázquez Jiménez, fue elegido por un año; José Emilio Cárdenas Escobosa, por un periodo de dos; Alma Delia Hernández Sánchez, por tres; José Antonio Muñoz de Cote, por cuatro y Mercedes Santoyo Domínguez, por cinco.

Corresponderá a Vázquez Jiménez ser el primer presidente del nuevo comité: “Se crea un sistema para combatir la corrupción de manera más frontal, pero el toque de la participación ciudadana a través de este comité es lo que va a diferenciar los resultados de este sistema, somos el vínculo, vamos a atraer las demandas de la sociedad civil para que se conviertan en políticas públicas”, expone el también presidente del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa.

Para Cárdenas, la designación es “una gran responsabilidad, es posible transformar el estado de cosas en la medida en que la gente demande, el sistema nacional anticorrupción era una necesidad”, plantea.

Específicamente en relación con las impugnaciones a su participación por tener familiares en el PAN, Mercedes Santoyo explica que tiene un hermano que trabaja en las encuestas, otro en el gobierno municipal y otro que trabaja en Bansefi, peso asegura que ella se seguirá comportando con integridad, compromiso y responsabilidad de sí misma y asevera que es un honor estar representando a 8 millones de veracruzanos, por lo que afirma que nunca podría estar anteponiendo sus intereses personales.

Sergio Vázquez explica, en relación los señalamientos a su función, por sus vínculos con la fiscalización, que con el Orfis ha mantenido una relación institucional, “porque tengo 20 años de ser auditor, esa ha sido una de mis principales funciones, incluso siendo presidente del Colegio de Contadores señalamos lo mal que se estaba manejando la fiscalización, pero soy apartidista, y no he pertenecido nunca a un partido político.

Emilio Cárdenas recuerda: “he trabajado en el gobierno desde cuatro o cinco gobernadores, yo no estoy afiliado al PRI, yo fui jefe de prensa del PRI, pero fui representante electoral de Nueva Alianza, fui presidente de la Fundación Colosio, que es una institución académica, y estuve en cinco gobiernos, gobernadores priistas, tengo más de 20 años de escribir, lo escribo y lo firmo con mi nombre, señalé el caso de Duarte y de Fidel Herrera, sí también trabajé con el actual gobernador, fui jefe de asesores y también fui jefe de prensa cuando Yunes fue presidente del PRI, pero si tuviera la gran amistad con él, actualmente sería funcionario del actual gobierno”.

Agrega: “Tengo muchos amigos de todos colores y sabores y nunca he tenido ningún señalamiento. Yo me someto a la prueba del ácido. Somos servidores públicos”.

De acuerdo con la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, una vez electo el comité de participación ciudadana, en 10 días hábiles se tiene que instalar el comité coordinador, donde están el titular del Orfis y otros funcionarios, un representante del Consejo de la Judicatura y el fiscal anticorrupción, que aún no ha sido nombrado, y se tiene que instalar, a nivel federal ya está instalado.

A los 10 días, debe ser designado el secretario técnico, y la secretaría ejecutiva, a la vez que el titular del Poder Ejecutivo deberá asignar los recursos al tratarse de un mandato constitucional.