Xalapa- 2018-06-2914:11:39-  El acceso a la justicia para las mujeres indígenas en el estado de Veracruz tiene muchos obstáculos pues cada vez hay menos personal en las fiscalías pese a que hay dos alertas por violencia de género, pero además “entorpecen” los procesos de denuncia de las víctimas.

La integrante de la Asociación Civil “Kalli Luz Marina”, Lizbeth Hernández Cruz, precisó que en el distrito de Zongolica solo existe una fiscal especializada en Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, en donde se discrimina a las mujeres y muchas veces se “entorpecen” los procesos de denuncia aun cuando deben viajar por horas para interponerlas.

Añadió que su situación de pobreza también complica que accedan a la justicia pues requieren de recursos para trasladarse lo que se suma a las trabas que de por sí ya las ponen.

“El acceso a la justicia para las mujeres indígenas tiene muchos obstáculos y uno de ellos es que si nos vamos de pronto a que las mujeres indígenas viven violencia en sus hogares, uno de los obstáculos es que cada vez hay menos personal en las fiscalía, a pesar de contar en Veracruz con una Alerta de Género por Feminicidio”, añadió.

La activista señaló que para atender esa situación se están tejiendo redes de protección para las mujeres indígenas en siete municipios de Zongolica y ayudar a sus compañeras, pues no hay respaldo de las instituciones.

“No le dan seguimiento a los casos, de pronto son situaciones difíciles porque discriminan a las mujeres y muchas veces entorpecen los procesos de denuncia; otro obstáculo de los más importantes es que cuando las mujeres deciden denunciar tienen que trasladarse de sus comunidades a la fiscalía”, agregó.

En la presentación del Libro “Exigiendo justicia y seguridad: mujeres indígenas y pluralidades legales en América Latina”, remarcó que las mujeres cuando se deciden a denunciar lo hacen en contra de una situación de pobreza, discriminación y sin recursos para trasladarse a los centros de procuración de justicia.

Sostuvo que en estos centros de procuración de justicia se niegan a recibir la denuncia y ponen en riesgo a la mujer violentada, puesto que debe regresar a su casa sin que haya alguien que la proteja.

Ariadna García/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO