Sociedad 3.0

Un juez federal le ordena al Instituto de Pensiones del Estado que le pague su pensión al jubilado Nicolás Hernández Contreras, mediante una suspensión con efectos restaurativos, en virtud de que el demandante de amparo se encuentra en una situación desesperada al tener a su esposa en grave estado de salud, que demanda constantes y caras hemodiálisis.

Como se ha informado con anterioridad, el juez del Poder Judicial de Veracruz durante 40 años, Nicolás Hernández Contreras decidió jubilarse, por lo que desde agosto del año pasado solicitó el pago de su pensión. El acuerdo del IPE apenas fue emitido, pero el pago pensionario se decretó para fecha posterior, lo que coloca en riesgo tanto su subsistencia como la de su cónyuge -también persona adulta mayor- quien padece insuficiencia renal.

Asesorado por el Despacho Viades, Llanes y Asociados, el licenciado Hernández Contreras acudió al Poder Judicial Federal en vía de amparo indirecto, radicándose el juicio 617/2018 del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito, el cual decretó ayer una suspensión provisional para el efecto que las autoridades responsables (el Consejo Directivo del IPE, el director general de ese Instituto, y la Sefiplan)  realicen el pago de la pensión por jubilación que le fue reconocido al quejoso mediante acuerdo expedido por el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

La resolución suspensoria del juzgador federal sus adoptada con base en lo que los abogados consideran el principio de “apariencia del buen derecho”, consistente en que el derecho legítimamente tutelado de quien solicita la suspensión existe y le pertenece, aun cuando sólo en apariencia, hasta en tanto se culmina el estudio del caso y se emite la resolución definitiva.

Por tanto, ahora resulta obligatorio para el IPE obedecer la orden del letrado federal y comenzar a pagarle su pensión al juez en retiro Nicolás Hernández Contreras, cuyo caso de angustia indignó a la opinión pública al enterarse de que la esposa, viendo las dificultades de su marido para subvencionar las hemodiálisis, le pedía que mejor la dejara morir.

El despacho patrono expuso en la demanda de amparo que en este caso se presenta una situación de “periculum in mora”, o peligro en la demora, porque el jubilado no tiene para subvenir sus necesidades básicas de supervivencia.

Mediante un comunicado, Viades Llanes y Asociados deplora que “tenga que ser un Juez Federal el que ordene al Gobierno del Estado que cumpla con su elemental deber de no colocar en riesgo la subsistencia de personas que entregaron su vida al servicio público”.