Ningún presidente de México había cometido un acto tan autoritario e inmediato para levantar las vedas de los acuíferos del país y volverlas susceptibles a concesiones privadas, por lo que es necesario interponer recursos legales antes del 18 de julio, expuso en entrevista Emilio Rodríguez Almazán, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. (LAVIDA) y de Agua para todos.

La situación en torno al agua, luego de los 10 decretos emitidos por Enrique Peña Nieto, es más grave y apremiante de lo que muchos creen: los recursos legales deben interponerse antes del 18 de julio, plazo establecido.

Y es que aunque el próximo presidente de la República echara abajo los decretos de Peña Nieto, si se otorgaran concesiones de julio al 1 de diciembre, serían derechos ya otorgados “y a las empresas que tengan concesión, ya no les sería revocable”.

Los decretos de Peña Nieto ponen en riesgo el derecho humano al agua, el derecho al agua para las poblaciones rurales, campesinos, así como la garantía del vital líquido para las nuevas generaciones y las que están por nacer. Esto en un escenario de crisis global por disminución-escasez del líquido vital, refirieron.

Ante ello, aseveró el activista, es urgente la movilización de la sociedad civil organizada, sobre todo mediante instrumentos jurídicos como el amparo.

El geólogo Carlos Vargas, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) advirtió que los decretos de Enrique Peña Nieto tendrán un impacto mayor en áreas de Tamaulipas y Veracruz, entidades en donde se pretende llevar a cabo el fracking. Así como Guerrero y Oaxaca, en donde se planea destinar grandes volúmenes de agua para la minería, según publica Sin Embargo.

Este 28 de junio se realizó la primera “Protesta Nacional en Defensa del Agua” en distintas ciudades del país, entre ellas Xalapa, capital del estado de Veracruz, uno de los más afectados por los decretos de Peña Nieto, que levantan la veda a cuencas, entre ellas: Antigua, Actopan y Pánuco.

“Organizaciones e investigadores señalan que los 10 decretos firmados por Enrique Peña Nieto el  de junio, levantando vedas y extinguiendo concesiones de poblaciones rurales, permitirán a la Conagua otorgar concesiones a largo plazo a las grandes corporaciones mineras, energéticas y privatizadoras. Los decretos se basan en la actual Ley de Aguas Nacionales, la cual no cumple con las reformas constitucionales que exigen el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación ciudadana”, expusieron integrantes de la sociedad civil organizada que se sumaron a la protesta en Xalapa, en la puerta de la delegación federal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

LOS DECRETOS:

Los 10 decretos en materia de aguas emitidos por el Ejecutivo federal abren la puerta a que empresas del sector público y privado puedan acceder al 60 por ciento del agua -que corresponde a las cuencas donde se levantó la veda- a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó Emilio Rodríguez Almazán.

“A pesar de las aseveraciones del director de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra,  que señalan que ‘el 99 por ciento del agua es para la conservación ecológica’, según análisis del Colegio de Biólogos de México  en varios decretos el volumen vulnerable es mucho mayor de lo que se reserva para fines ambientales, “entre ellos la Costa Chica de Guerrero y los Ríos Actopan y La Antigua en Veracruz, en donde el 79 por ciento y 51 por ciento del volumen liberado es para cualquier uso”.

Aunque el Gobierno Federal y organizaciones afines a intereses transnacionales han tratado de confundir a la opinión pública, argumentando que los decretos son para la conservación del agua y no es la privatización, esto es muy optimista pero no es así, resaltó el antropólogo y activista.

“No existe ningún otro precedente histórico en este país que haya reformado de manera tan autoritaria y tan inmediata el régimen de tanta agua. Diez decretos que constituyen cerca del 80 por ciento del agua de todo el país en un día fueron cambiados todos sus regímenes. El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha destacado en toda su administración por corrupción, por vínculo con empresas, por favorecer los sectores económicos a costa del bienestar común de la población; la mejor prueba de ello es la Reforma Energética, que aunque  no dice en ninguna  parte del documento ‘privatización del petróleo’, todos sabemos que en los hechos eso es. Lo mismo ocurre con los decretos en materia de agua. Lo que permite es que sectores como el energético y de producción de mercancías van a poder acceder al agua a la que no podían acceder. Por eso en realidad lo que se permite es la privatización”.

SOCIEDAD DEBE AMPARARSE YA

Rodríguez Almazán enfatizó que ante los decretos de Peña Nieto es necesario “recurrir a todas las  medidas que estén a nuestro alcance como sociedad civil organizada. El tiempo está en nuestra contra. Tenemos hasta el 18 de julio y estamos evaluando la pertinencia de que Veracruz, por lo menos La Antigua y Actopan, tengan instrumentos que permitan defender nuestros derechos”.

“Lo que resuelve es que se emita de manera inmediata un nuevo decreto de veda sobre  el 60 por ciento del agua que fue liberada. Para que eso sea posible se requiere que la ciudadanía sepa de la problemática y empujemos esto en las dependencias de Conagua y le digamos al presidente de la República que estamos en contra de su acto autoritario y privatizador sobre el agua”.

CONAGUA DESDEÑA LUCHA POR DERECHO AL AGUA

A pesar de que la Conagua debería tener una postura de defensa al derecho al agua, así como la protección del líquido vital para derechos ambientales y para futuras generaciones, la dependencia federal ha respaldado la postura de Enrique Peña Nieto, deploró el integrante de LAVIDA.

“La Conagua ya mostró su postura y es defender los decretos. Ha dicho que la sociedad somos mentirosa, somos pretenciosa y que en realidad los decretos no privatizan el agua. Nosotros le decimos al titular de la Conagua a nivel federal y al Delegado aquí en Veracruz que sus señalamientos son totalmente irresponsables. Hemos leído estos decretos de manera muy puntual y hemos encontrado que hay grandes lagunas jurídicas que justo garantizan el acceso al agua de personas y empresas que antes no lo podían tener. Para el caso particular de Veracruz significa que hidroeléctricas, petroleras que quisiera extraer con fracking, incluso mineras y algunos otros proyectos del sector extractivo, tengan garantizado este líquido que hasta antes del 6 de junio no tenían”.

GOBIERNO ESTATAL TAMBIÉN DEBE PRONUNCIARSE

Al ser Veracruz uno de los estados más afectados con el levantamiento de la veda de cuencas, el Gobierno Estatal, el Congreso del Estado y los Cabildos tienen las facultades constitucionales para emitir Controversias Constitucionales  para hacer lo que esté en su alcance y manifestar su postura en contra de estos decretos.

“En efecto, pueden, tienen instrumentos, falta que quieran. El llamado sería a que quieran, que lo hagan, que defiendan el agua. Nosotros lo decimos de manera muy puntual, quede quien quede en las próximas elecciones, el agua, los bienes naturales seguirán a la expectativa de los intereses privados. Sólo la ciudadanía organizada va a lograr detener todos estos proyectos que hoy día amenazan los derechos de todos, de todas las personas y de todas las especies con las que cohabitamos”.

Xalapa- 2018-06-2812:45:01- Leticia Cruz/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO