El combate a la inseguridad es la política de la que se jacta semana a semana el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, sin embargo en los hechos su administración ni siquiera ha pagado por sus servicios a empresas que han implementado el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito (Pronapred).

Actualmente los responsables de varias asociaciones civiles, empresas veracruzanas y foráneas, universidades privadas y personas físicas reclaman a su administración el pago de unos 50 millones de pesos que quedaron pendientes en el ejercicio 2016.

Dicho adeudo los mantiene descapitalizados, pues para acceder a los contratos del Programa tenían que aportar una garantía, situación que se complica aún más si se toma en cuenta que el actual gobierno estatal ya no les da trabajo.

Para legisladores locales como Guadalupe Osorno Maldonado, lo anterior también deja en evidencia que Yunes Linares solo ha implementado acciones de contención, dejando completamente de lado la prevención del delito en Veracruz.

“JINETEARON” EL DINERO

Sobre los pasivos, Raúl Alejandro Barrera Morales, representante legal de la empresa “Recursos Humanos VJ” S.A. de C.V., señaló que es casi un hecho que el llamado gobierno del cambio no cumplirá con estos pendientes que son completamente legales.

Refirió que el Estado les justifica que en su momento el dinero que está pendiente fue depositado por la Federación a la entidad, pero los recursos se desviaron en la administración o de Javier Duarte de Ochoa.

No obstante expuso que a un año y cinco meses de que Yunes Linares llegó al cargo la deuda general continúa en la completa opacidad, sin importar que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) creó un padrón de contratistas “para transparentarla”.

Sostuvo que el propio titular de dicha dependencia, Guillermo Moreno Chazzarini, les advirtió que “no hay orden ni dinero para cumplirles”.

Apuntó que al buscar avances en las oficinas de la SEFIPLAN fueron muchos los contratistas los que terminaron por desistir considerándolo una causa perdida, pero otros optaron por unirse para seguir exigiendo el dinero que les deben.

TRABAJARON Y NO LES CUMPLEN

En 2016 la empresa “Recursos Humanos VJ” S.A. de C.V. ganó las licitaciones ante la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) para implementar el “Diseño e implementación de metodologías de evaluación del programa municipal del PRONAPRED” por 2 millones 45 mil pesos.

“Nosotros teníamos que evaluar el impacto de los programas en los polígonos en base a encuestas de percepción, las pre y la post encuestas para registrar qué beneficios o fallas tienen las acciones de gobierno”, explicó Berrera Morales.

Detalló que el cumplimiento de las especificaciones técnicas emitidas por la Secretaría y de los trabajos realizados consta en varios documentos oficiales, de ahí que el monto que reclaman es completamente legal.

“Nosotros después de que empezamos a cobrar no tuvimos éxito, poco a poco vimos a varios en la misma situación y nos vimos en la necesidad de juntarnos. Desafortunadamente muchas empresas son de fuera del Estado y otras ya dieron por perdido esto, porque el gobierno actual no genera avances”.

Detalló que entre los contratistas había empresarios de Puebla, del norte del país y de diferentes municipios de la entidad, pero a la fecha solo son 11 quienes continúan gestionando los pagos por unos 50 millones de pesos, la mayoría de Veracruz, Xalapa, Ciudad de México y Guerrero.

Entre ellos hay encargados de asociaciones civiles, personas físicas y de universidades privadas, tal es el caso de la Universidad Central en Xalapa y la Universidad del Golfo en el puerto de Veracruz y otras instituciones cuyos encargados incluso temen represalias si continúan exigiendo su dinero.

GOBIERNO NO GENERÓ CERTEZA

Barrera Morales criticó las contradicciones en las que ha incurrido el mandatario veracruzano en torno a este tema, refiriendo que ante los medios de comunicación Yunes Linares sostiene que se efectuarían algunos pagos, lo que genera confusión y malentendidos cuando no cumple.

Explicó no hay certeza de a qué contratistas les saldarán la deuda, debido que se desconoce el padrón en general.

“Tanto los empleados o nuestros propios acreedores comienzan a reclaman su dinero ante un anuncio así, cuando en realidad no nos han dado ni un peso, todo esto por la falta de transparencia porque nadie sabe a quiénes sí o a quienes no les pagarán o cuándo lo harán”.

“En la Secretaría de Finanzas nos recibieron, primero nos dijeron que éramos de los corruptos y puras empresas fantasma, entonces demostramos con nuestros documentos que no era así y que ganamos todo en una licitación, que todo estaba de acuerdo a la Ley”.

Relató que el año 2017 tanto a él como a decenas de contratistas se les fue en puras verificaciones y no obtuvieron nada.

“Ni una entrevista con el gobernador. Metimos tres oficios solicitándole que nos recibiera y todas nos daban cause a la Secretaría de Seguridad Pública que no tiene respuestas, es inútil”.

GOBIERNO DE YUNES LOS ESTIGMATIZÓ

Como responsable de “Recursos Humanos VJ” S.A. de C.V., Raúl lamentó que la actual administración está ignorando sus necesidades.

“El monto pendiente aparentemente no es mucho, pero como nos obligaron a poner todo sacamos nuestras reservas de nuestras empresas y nos descapitalizamos para ganar la licitación”.

Además, aunque el PRONAPRED continúa, así como otros programas en los que podrían dar servicio, Yunes Linares tampoco los toma en cuenta.

“Al ser de la gente que trabajó con el gobierno pasado no hemos tenido acceso a los proyectos, no hemos conseguido trabajos de ninguna especie, sin importar nuestra experiencia”.

Finalmente dijo que también tienen sus propios pagos pendientes con empleados o acreedores, pero no les pueden cumplir a todos.

“Hemos asumido la deuda hasta donde hemos podido, porque no hemos tenido otros proyectos, a eso vamos con las nuevas autoridades del Consejo Estatal de Seguridad, con la SSP, a pedirles proyectos para poder pagarle a la gente que le debo, pero ellos ya traen su gente y empresas, no hemos accedido a un nuevo proyecto”.

UNA DEUDA INSTITUCIONAL

Sobre este tema, la diputada local de Morena, Guadalupe Osorno Maldonado, recordó que presentó un anteproyecto de punto de acuerdo ante el pleno, aseverando que la prevención del delito es un tema prioritario ante la situación de inseguridad que atraviesa Veracruz.

“Es increíble que se les deba a las personas que hicieron ese trabajo de riesgo, generando información en un ámbito completamente olvidado.

“La estrategia de seguridad prácticamente es de policías contra la delincuencia, pero no hay planeación ni prevención sin importar que sí se aplicaron los programas y se evaluaron resultados”, planteó la legisladora.

Subrayó que el gobierno tiene una deuda institucional con los contratistas del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito, sin importar la actitud irresponsable de calificarlos como corruptos solo por trabajar en el sexenio de Javier Duarte.

Igualmente, Osorno Maldonado destacó la importancia de que se publique la lista de las empresas con las que el Estado reconoce pasivos, situación que prácticamente ha llevado todo el bienio.

Refirió que el padrón está conformado principalmente por contratistas o pequeños empresarios, quienes dieron un servicio sin grandes beneficios, pero no hay fecha para cumplirles.

“Falta un mayor compromiso, torearon a la ciudadanía y no se atendió el tema como se debía; se trata de una deuda institucional, que está dañando la economía de distintas empresas”.