Un tribunal federal colegiado, con sede en Tamaulipas, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reponer el procedimiento por el caso Ayotzinapa y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, debido a que la indagatoria no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

Según el diario La Jornada, El primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito concedió la protección de la justicia federal ante cuatro amparos tramitados por varios de los detenidos como presuntos responsables de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, quienes han denunciado haber sido víctimas de tortura. Cabe aclarar que no se trata de procesos presentados por familiares de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

Con este fallo, se desacredita lo que la PGR, con Murillo Karam al frente,  llamó “la verdad histórica”, es decir, las versiones oficiales presentadas por el gobierno federal que aseguraban que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y las cenizas arrojadas al río San Juan.

El Poder Judicial de la Federación dio a conocer ayer esta resolución en la que por unanimidad los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez consideraron que las indagatorias del caso, dirigidas por la PGR, son irregulares y no han cumplido con los requerimientos de prontitud, efectividad, independencia e imparcialidad, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.

Ante las graves violaciones a los derechos humanos, como son tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, señaló.

Esta comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación. Los magistrados determinaron que serán los dos primeros los encargados de determinar las líneas de investigación que se deben seguir y las pruebas a desahogar, además de que podrán validar la incorporación de más organizaciones, tanto nacionales como internacionales, defensoras de las garantías fundamentales.

Con información d La Jornada