Por si acaso…
Por Carlos Jesús Rodríguez

*Se adeuda aún 80.82 % del costo

*Las gasolinas continuarán al alza

SUPONGAMOS QUE Usted, apreciado lector, compra un automóvil de gran lujo e inmejorable servicio a un plazo de 60 meses, pero de pronto comprende que su adquisición ofende a familiares con menos recursos e, incluso, a vecinos criticones y, por tanto, decide venderlo al mejor postor para ser como ellos. Seguramente la venta será complicada, no porque carezca de buena voluntad para ello sino porque solo ha pagado poco menos de una quinta parte de su costo original y el resto lo sigue adeudando. Ante el inconveniente de no poder venderlo determina traspasarlo bajo el riesgo de que quien lo adquiera no cumpla con las formalidades de los pagos, o lo devuelve y pierde parte de lo ya invertido asumiendo, para variar, una penalización o, de plano, se queda con él y sigue cumpliendo mensualmente con la cuota aunque lo critiquen, que al fin y al cabo le será útil. Y eso es, exactamente, lo que ocurre con el avión presidencial que el virtual Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que venderá apenas asuma el poder, olvidando que en ninguna parte del mundo se puede vender lo que no nos pertenece, en suma, el avión presidencial todavía no es propiedad de la Nación o del Gobierno Federal, para ser más exacto y, por consiguiente, no puede ponerse a la venta. En todo caso se podría traspasar corriendo los riesgos ya mencionados, o en última instancia devolverlo al vendedor y asumir una amonestación financiera por incumplimiento, salvo que AMLO se resigne y se quede con el aparato y cumpla anualmente los requerimientos, aunque no pueda satisfacer la palabra empeñada, como no podrá hacerlo con otras promesas.

Y ES que del afamado avión Boeing 787-8 Dreamliner, aún falta por pagar la friolera de 6 mil 109 millones 679 mil 645 pesos de los 7 mil 560 millones 72 mil 713 pesos que habría costado en 2018 -cuando se hizo la transacción-; en suma, solo se ha cubierto 1 mil 450 millones 393 mil 068 pesos, esto es, el 19.18 por ciento el total, ya que este año se pagaron 560 millones 46 mil 933 pesos, aun cuando de acuerdo con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal en curso se aprobó una inversión por 451 millones 492 mil 004 pesos. Lo cierto es que, anualmente, el costo de la aeronave financiada a 15 años aumenta, como ha sucedido desde el 2013, año en que se realizó el primer pago anual, ya que la compra de la aeronave fue acordada en el 2012, durante el último año de gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa por 6 mil 094 millones 689 mil 887 pesos en total, pero con los ajustes, para el 2014 la deuda había ascendido a 6 mil 308 millones 491 mil 331 pesos. En el tercer año del sexenio peñista, en el 2015, se cubrieron 410 millones 510 mil 427 pesos de los 6 mil 769 millones 996 mil 885 pesos que ya se debían entonces. En el 2016 la deuda ascendía a 6 mil 983 millones 251 mil 790 pesos, y el año pasado sumaba 7 mil 214 millones 686 mil 082 pesos. Por si fuera poco, hasta mayo pasado de 2017, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la “Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor” se habían destinado 179 millones 687 mil 408 pesos, de un monto de inversión anual programado por 560 millones 46 mil 933 pesos. Según el Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión 2018, al finalizar el año la deuda por la aeronave presidencial ascenderá a 7 mil 560 millones 72 mil 713 pesos, cifra 1 mil 465 millones más que el precio pactado en el 2012.

QUEDA CLARO, por lo tanto, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podrá vender –como si fueran pepitas o cacahuates- el avión presidencial, pues para hacerlo se requiere de un mecanismo especial puesto que la aeronave aun no pertenece al Estado mexicano. Peor aún resulta la postura del demagogo empresario norteño, Alfonso Romo, que será jefe de la Oficina de la Presidencia en el siguiente Gobierno Federal, cuando advierte que a partir de Diciembre se va a vender no solo el avión presidencial sino todas las aeronaves de la Presidencia de la República, excepto cuatro helicópteros que serán ambulancias, situación que pondría en grave riesgo a infinidad de funcionarios que tendrán que trasladarse vía terrestre para llegar a sus destinos, dada la delincuencia manifiesta en el País, además de que por esa circunstancia, se incrementarán gastos de hotel y alimentos, ya que en un solo día un funcionario no podría viajar de la Ciudad de México a Quintana Roo y viceversa, o de la capital del País a Chihuahua o Baja California. Un trayecto así sería cansado y desgastante para los servidores públicos además de oneroso, por lo que alguien debe decir al futuro Presidente de México que los aviones ya no son un lujo sino una necesidad para atender los asuntos apremiantes de la nación.

Y AUNQUE los corifeos como Romo insistan en tono por demás embaucador que, “claro que se va a vender todo (…) Ya se está haciendo el plan para vender todas las aeronaves; por supuesto, de eso no hay duda”, lo lamentable sería que vendieran todo y ante las necesidades crecientes tuvieran que comprar nuevas naves aéreas, lo que sería imperdonable. Llama la atención que un hombre avezado en los negocios como el empresario Poncho Romo diga que el gobierno de López Obrador no va a perder dinero por la venta de la flota aérea presidencial, en especial del Boeing 787-8 Dreamliner adquirido en el gobierno del expresidente Felipe Calderón y estrenado en Febrero del 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto. “No habrá pérdida por vender el avión, toda vez que se compró cuando la paridad cambiaria peso-dólar estaba en 13 pesos y ahora ronda los 20, en promedio”, sin reparar en que aún se debe más del 80 por ciento y, en consecuencia, no se puede vender lo que aún no pertenece al Gobierno Federal, aunque don Poncho insista: “De que se van a vender se van a vender (…) Es una promesa de campaña y así va a ser”, y más aún señala: “la venta del avión presidencial se realizará a través de licitación transparente y pública”.

EN FIN, muchas promesas de campaña no podrán ser cumplidas, entre otras, bajar el precio de las gasolinas, por el contrario, el costo de éstas seguirá como hasta ahora, acorde con la inflación, además de que, actualmente, de cada 10 litros que se consumen en el País, 7 vienen de Estados Unidos, y el costo de importación es lo que hace más caro ese producto para nosotros, y ello sucede con prácticamente cualquier cosa que venga manufacturada del exterior y que se cotice en dólares. México no podrá bajar los costos de los combustibles hasta que eleve su producción, esto es, de 10 litros consumidos, 7 u 8 que se produzcan aquí. En fin, una cosa es ser candidato y prometer al aire compromisos, y otra muy difícil cumplirlos cuando se arrastra el lápiz. Así de simple. OPINA carjesus30@nullhotmail.com