Sociedad 3.0

Hilario Barcelata Chávez se ubica personalmente y coloca a los miembros del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en el riesgo de ser sentenciados de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, de no acatar la suspensión definitiva ordenada por un juez federal para que el IPE le pague de inmediato su pensión a un jubilado.

De manera temeraria, el director del IPE le contestó al Juez Décimo Séptimo de Distrito, que fue quien dictó la resolución de inmediato pago, que el Instituto tiene su propia programación y que sujetará al jubilado a esa calendarización.

Ante tal situación, el juzgador aceptó a trámite un incidente por el incumplimiento de la suspensión, promovido por el Despacho Viades, Llanes y Asociados, y le envía al funcionario un requerimiento de cumplimiento a la orden, donde le concede 24 horas para informar del cumplimiento dado a la suspensión definitiva decretada:

… “significándole a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término señalado, o bien no informar su imposibilidad legal para cumplir, podrá actualizarse el delito previsto en la fracción III, del numeral 262 de la Ley de Amparo, esto es, la desobediencia a un auto de suspensión debidamente notificado y además, se les impondrá individualmente una multa por el valor de cincuenta unidades de medida y actualización conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio del uso de diversos medios de apremio””.

Por otro lado, al Instituto de Pensiones del Estado se le acumulan dos suspensiones más del mismo tipo, con la instrucción de que debe pagar. En los tres casos las víctimas son precisamente jueces jubilados: Nicolás Contreras Hernández, María Eugenia Edith Arriola Ortiz y María Isabel Cruz Rivera. En el juicio de las dos últimas, la suspensión fue determinada por el juez décimo octavo.

Cabe indicar que los amparos han señalado como autoridades responsables a todo el Consejo Directivo del IPE, de tal manera que si se actualiza el incumplimiento, recibirían la misma sanción los titulares de la Secretaría de Gobierno; Secretaría de Finanzas y Planeación; Contraloría General del Estado; Secretaría de Educación de Veracruz; Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Desarrollo Económico.

Igualmente, los representantes de las organizaciones sindicales: Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETSE); Federación Estatal de Sindicatos y Agrupaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV); Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación (SDTEV); Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del estado y del Magisterio (SUTSEM) y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados de Veracruz (FSTSEMYODV).

Comunicado del Despacho:

“VIADES, LLANES Y ASOCIADOS”.

Comunicado

  • DOS SUSPENSIONES MÁS PARA QUE IPE PAGUE PENSIÓN A EX JUECES.
    • EL INSTITUTO DE PENSIONES, EN SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA
  • JUEZ FEDERAL ADVIERTE AL IPE: ESTÁN EN EL UMBRAL DE COMETER DELITOS.

Tal y como lo hemos venido informando, promovida que fue una demanda de amparo ante el Juez Décimo Séptimo de Distrito en el Estado por el Lic. Nicolás Contreras Hernández, ex juez del Poder Judicial del Estado, para que el IPE le pague la pensión a la que tiene derecho, el juzgado federal decretó la suspensión definitiva para el efecto de que, de inmediato, el referido Instituto comience a pagar sus haberes al referido ex servidor público judicial.

Mientras, OTRO JUEZ FEDERAL, el Décimo Octavo, decretó igual medida a favor de otras dos ex jueces (María Eugenia Edith Arriola Ortiz y María Isabel Cruz Rivera), con iguales efectos: que el IPE comience a pagar, sin mayor dilación, la pensión que les corresponde.

Pero, a pesar de la orden federal, el Instituto de Pensiones del Estado determinó no acatarla, pretextando que tiene una “programación” de pagos; ello, pese a que se coloca en riesgo la subsistencia de personas.

Ante tal situación, tal y como aparece publicado en la lista de acuerdos del Juzgado 17º de Distrito, la Potestad Federal, además de dar trámite a un incidente por el incumplimiento de la suspensión definió:

“”REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Por otra parte, en razón que el promovente solicita se tomen las medidas necesarias para que se cumpla la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, A FIN DE NO SER NUGATORIOS SUS DERECHOS HUMANOS, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de veinticuatro horas, legalmente computado, informen el cumplimiento dado a la suspensión definitiva decretada, y para tal efecto deberán tomar todas y cada una de las medidas legales dentro de sus atribuciones, para restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos transgredidos, o en su caso, el impedimento que tenga para realizar tales actos. SIGNIFICÁNDOLE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR en el término señalado, o bien no informar su imposibilidad legal para cumplir, PODRÁ ACTUALIZARSE EL DELITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III, DEL NUMERAL 262 DE LA LEY DE AMPARO, ESTO ES, LA DESOBEDIENCIA A UN AUTO DE SUSPENSIÓN DEBIDAMENTE NOTIFICADO y además, se les impondrá individualmente una multa por el valor de cincuenta unidades de medida y actualización conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio del uso de diversos medios de apremio””.

En las circunstancias relatadas, nuestro Corporativo Jurídico, expone:

1).- El Poder Judicial Federal estima que la negativa a pagar la pensión a quienes el IPE llama “recién jubilados”, es un acto ilegal y violatorio de Derechos Humanos; al respecto, no hay “programación” que puede oponerse como pretexto, ante el hecho incontrovertible de que quienes han cesado de trabajar después de más de treinta años de servicio, necesitan dicha pensión para subsistir.

2).- El Gobierno de Veracruz, de continuar con el tono de prepotencia y soberbia que le ha caracterizado, no solamente pone en riesgo a jubilados: también a servidores públicos que, de no acatar las órdenes de jueces federales, estarían cometiendo delitos, tal y como se los advierte un Juez Federal.

3).- Instamos al Gobierno de Veracruz a cejar en su empeño de hacer primar su voluntad contra Derecho. Las decisiones que toma la autoridad estatal, por sí y ante sí, pretextando falta de recursos (incluso para pagar pensiones MODESTAS como las que deben recibir ex Jueces, O CUALQUIER OTRO “RECIÉN JUBILADO”) violentan Derechos Humanos.

4).- No consideramos justo que se escamotee el derecho a una vida digna a quienes han entregado tres o más décadas de su esfuerzo laboral al servicio público. Menos cuando se trata de personas adultas mayores, y quienes -como en este caso- tuvieron en sus manos la delicada función estatal de impartir justicia.