Por Juan José Llanes Gil del Ángel

El intento del yuneslinarismo de copar el Tribunal Superior de Justicia del Estado no solamente está destinado a continuar ejerciendo el poder que implica, por sí mismo, controlar a quienes deciden el Derecho; tiene un propósito más avieso: evitar la salida del Fiscal General del Estado, para continuar detentando la procuración de justicia.

En junio de 2016, tras el proceso electoral de aquel año, la revista “Jurista” publicó un artículo de mi autoría titulado “Romper el blindaje para hacer Justicia”, que contenía un estudio técnico-jurídico sobre la dificultad que entraña la remoción del Fiscal General del Estado (en aquel tiempo, Luis Ángel Bravo). A la postre, el fiscal del duartismo renunció (por decisión propia, según dijo).

En el artículo publicado hace dos años, expuse que, a diferencia de lo que acontece -por ejemplo- con el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que puede ser removido por el Poder Legislativo “…por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Quinto de este Constitución”, esta previsión no se hizo en relación con el Fiscal General del Estado.

Por tanto, la ostensible mayoría parlamentaria que tendrán en la LXV Legislatura las fuerzas político-partidistas que no son afines al actual régimen, será suficiente, apenas, para someter a juicio político al titular de la FGE (de acuerdo con lo previsto en el Artículo 77 de la Constitución local).

Para ello, es imprescindible que el Congreso del Estado “proceda a la acusación respectiva ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, previa declaración de las dos terceras partes del total de los integrantes del Congreso, después de haber substanciado el procedimiento y con audiencia del inculpado”.

El tortuoso procedimiento indica que, salvado lo anterior, “El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, previo desahogo del proceso respectivo, y con audiencia del inculpado, resolverá lo procedente. En caso de resultar culpable, la sanción correspondiente se impondrá mediante resolución aprobada por las dos terceras partes del número total de sus integrantes”. Tales sanciones pueden consistir en la destitución del servidor público y en su inhabilitación hasta por diez años.

Así pues, en Veracruz, el proceso de remoción del titular de la Fiscalía, vía juicio político, remata en el Tribunal Superior de Justicia que Yunes Linares pretende colonizar.

Por tanto, lo que el actual gobernador está buscando es elegir y dejar instalado al jurado que, eventualmente, decidiría si Jorge Winckler se va o se queda.