Lo peor es que sea un diputado, un creador de leyes, quien se queje de que un juez federal “vulneró” la autonomía del Poder Legislativo al ordenarle a ese cuerpo colegiado que proceda a despenalizar el aborto. El rebuzno provino del cuestionado legislador por Xalapa, Sergio Hernández, quien se exhibe como ignorante de las atribuciones y facultades constitucionales que tiene cada órgano público, dentro de las cuales se cuenta que el Poder Judicial puede y debe corregir las ilegalidades en que incurran los miembros de los otros dos poderes.

Desgraciadamente, la postura del diputado al oponerse a la despenalización es representativa de la línea conservadora que ha venido siguiendo el Congreso veracruzano, dominado por el PAN y por tanto fiel obedecedor de las directrices medievales que le marca la Iglesia católica. Para mala suerte de los veracruzanos, este legislador seguirá viviendo del presupuesto, porque ha sido reelecto como plurinominal, pese a que en su campaña como candidato uninominal fue masivamente derrotado.

Otro caso de funcionario que sufre el embate del Poder Judicial Federal es el del director del Instituto de Pensiones del Estado, actualmente emplazado a atender el pago de un pensionado que tuvo que recurrir al amparo para ser atendido. No obedecer la resolución judicial significaría para él y para todo el Consejo Directivo del IPE, cárcel, destitución e inhabilitación. ¿Se atreverá a desafiar al juez de distrito? Por si fuera poco, se le juntó otro amparo con dos casos similares más.

Poco vivirá el que no vea el desenlace de estos interesantes temas, en que servidores públicos renuentes se atreven a desafiar al sistema legal que nos rige.