Por si acaso…
Por Carlos Jesús Rodríguez

*Aceptó el cargo violentando la ley
*Espera una andanada de amparos

NI EN México  ni en los Estados habría necesidad de un Fiscal Anticorrupción si no existiera la polución que todo lo arruina y que, por lo tanto, no garantiza que quien sea designado por los Congresos Federal y Estatales en esos cargos estén vacunados y libres de tentaciones que pudieran convertirlos en los sujetos más corruptos o corrompibles, sobre todo cuando la posición se la deben a cierto grupo o ente poderoso, en este caso al Presidente de la República o los gobernadores. No conocemos a Marcos Even Torres Zamudio pero, por supuesto, no meteríamos las manos al fuego por él como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, y menos cuando su nombramiento es producto de un proceso desaseado que violentó la Constitución Política del Estado y, por ende, la legalidad, y eso lo sabe el propio Torres Zamudio que, en congruencia, no debió aceptar la cuestionada posición que de antemano lo coloca en el banquillo de los acusados y acaso en escenarios de corrupción, ya que cuando se acepta algo que va contra el Estado de Derecho y de antemano se sabe, se es corrupto. Y es que la definición de corrupción –de acuerdo al diccionario de la lengua española- es, dentro de un enfoque social y legal, la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos (no es ético aceptar ser nombrado Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción con 27 votos, cuando la Constitución Política Local mandata que deben ser por lo menos 34, esto es, las dos terceras partes del Congreso y, por tanto, tampoco es legal). Las causas que originan ese tipo de actos pueden ser internas o externas, dice la definición, y entre las primeras se encuentran: la falta de conciencia social, carencia de educación o de una cultura de compromiso, paradigmas negativos y distorsionados, mientras que como externos están la impunidad, salarios bajos, concentración de poderes (cuando por capricho se usa el poder para imponer a alguien en cierto puesto aunque violenten las normas) y corporativismo partidista.

POR ESA razón, dicen los que saben, se espera una andanada de amparos promovidos por los participantes en la convocatoria, o que se recurra a otras vías legales como la impugnación del nombramiento por parte de diputados inconformes e, incluso, una Controversia o acción de inconstitucionalidad. Y es que las cosas no pueden estar bien, cuando hasta el propio Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez denuncia que diputados locales violaron la legalidad al nombrar a Marcos Even Torres Zamudio como fiscal anticorrupción, aunque aclara que si bien no se oponen a la persona (no tenemos nada contra él), sí a la forma en que los diputados panistas y sus aliados, perredistas aprobaron con apenas 27 de los 34 votos requeridos ese nombramiento. Dice Vázquez Jiménez que han sacado en conclusión de que ha sido un proceso totalmente desaseado y por ello reprueban la forma como se llevó a cabo la designación, la cual es violatoria a todas luces de la legalidad. El titular del Comité de Participación Ciudadana, a quien debieron consultar, sin duda, lamenta por ello que legisladores aliancistas se hayan empeñado en la designación de Torres Zamudio, quien fungía como fiscal visitador con Jorge Wincler Ortiz, a quien debe lealtad más que a nadie.

Y AUNQUE Vázquez Jiménez reconoce que el Comité de Participación no tiene la atribución de echar abajo el nombramiento del recién nombrado Fiscal, anticipa que serán vigilantes de las vías que otros personajes en descontento interpondrán como amparos, impugnaciones o controversias constitucionales, así como del actuar del propio funcionario. “Aquí el tema es la credibilidad que va a tener esa figura en cuanto a su función dentro de esa institución, pues me parece que va a estar lleno de cuestionamientos, porque es algo que surge de un proceso cuestionado, de un proceso poco claro”, y vaya que le asiste la razón, ya que los diputados violaron lo establecido en la Constitución local al pasar por alto el requisito de mayoría calificada, basándose en un vergonzoso exceso interpretativo de la convocatoria. De esa manera, la descomposición política alcanza niveles alarmantes cuando el poder público encargado de crear las leyes es el primero en romperlas. Por ello Armando Rivero Fortuna, presidente de la Barra Veracruzana de Abogados y del Colegio de Abogados Profesionistas A.C., no se equivoca cuando sostiene que con el nombramiento referido, los diputados del PAN, PRD e independientes, que son sus aliados, sepultaron al Sistema Estatal Anticorrupción, pues en un afán de imponer y nombrar al titular se violó la convocatoria emitida por el Congreso, pero también sus propias leyes, reglamentos y procedimientos así como el recinto legislativo, pues al no lograr los 34 votos, conforme a su convocatoria, toda vez que únicamente lograron juntar 27 votos, procedieron a nombrarlo violentando todo procedimiento legal y conforme a derecho.

HAY MALESTAR y tiene fundamento, porque no puede ser Fiscal Anticorrupción alguien que aceptó que se violara la Constitución que nos rige y las leyes que de ella emanan con tal de acceder al poder al precio que fuere. Tal vez Marcos Even Torres Zamudio debió desistirse de aceptar ser ungido si no contaba con el respaldo de al menos 34 diputados, pero al no hacerlo se asumió como garante de la corrupción de 27 legisladores que, según denunció el Movimiento de Regeneración Nacional en tiempo y forma, habrían sido coaccionados con 5 millones de pesos o más cada uno de ellos para vender su voto. Como fuera, el Fiscal Anticorrupción llega al cargo manchado, precisamente de corrupción y, por tanto, sus actos no serán impolutos sino cuestionados.

TAL VEZ lo mejor sería que una vez que MoReNa asuma el poder del Congreso y del Ejecutivo se proceda a la destitución del cuestionado funcionario, y se lleve a cabo una consulta al interior de barras, colegios y organizaciones de abogados en todo el Estado para que sean ellos quienes sugieran ternas del norte, sur y centro de las que se definan solo tres aspirantes que serían sometidos al Congreso del Estado para darle legalidad y transparencia a un puesto que, en verdad, está urgido precisamente de nitidez. No pueden ser los Poderes Ejecutivo y Legislativo quienes se asuman como juez y parte y nombren un fiscal carnal que los proteja. Se requiere alguien que los fiscalice. OPINA carjesus30@nullhotmail.com