El director del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Hilario Barcelata Chávez, señaló que las recientes reformas a la ley del organismo pueden ir en contra de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Además, refirió que según un estudio actuarial que está elaborando por orden del Poder Ejecutivo, los cambios avalados por los legisladores significarán una carga que puede resultar “excesiva” para las finanzas del Estado.

Por lo anterior, a su parecer, sí se deberían de someter a revisión los cambios, ya que de entrar en vigor la reforma el Estado deberá de aportar para cubrir el déficit financiero unos 2 mil 700 millones de pesos más al año, solo para cubrir algunos de los beneficios que obtendrían los trabajadores.

Recordó que tan solo este 2018 el Gobierno del Estado aportó 2 mil 200 millones de pesos para cubrir el déficit financiero del IPE, es decir que si la reforma cobra vigencia el gobierno estatal tendría que aportar al menos 4 mil 900 millones de pesos anuales, según sus cálculos.

Por lo anterior el director se sumó a la postura del titular del Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares, quien anunció que sometería a análisis el proyecto avalado por la LXIV Legislatura.

“Por procedimiento legislativo la reforma tendrá que llegar al Ejecutivo para que el gobernador pueda expresarse de manera oficial respecto de los cambios a la Ley del IPE y enviar en su caso las observaciones que correspondan, hasta entonces se verá lo que procede en este tema (…).

“Lo que sí puedo decir es que es una ley que compromete bastante los recursos del Estado y que de quedarse así atentaría de manera riesgosa contra su estabilidad financiera; lo ideal es que se someta a revisión al menos, mostrar las observaciones y ponerlas a consideración del Congreso”, consideró.

Aseveró que la estimación de los casi 5 mil millones de pesos que necesitaría el Instituto ni siquiera considera beneficios como el otorgamiento de los créditos hipotecarios que también se incluyeron con la reforma, advirtiendo que en este momento el Instituto carece de un fondo para poder financiar las viviendas.

“Hay un fondo para créditos de corto y mediano plazo, entonces pretender que el IPE otorgue créditos para la vivienda será cargarle montos mayores a los que ya se otorgan a la fecha, del tamaño que fuera se necesitarían fondos adicionales.

“Esto ya que los fondos actuales para los préstamos no son suficientes; la ley no indica de dónde se estarían obteniendo los fondos y no prevé que los derechohabientes contribuyan más para crear el fondo para vivienda, lo que dejaría al Instituto en un problema serio”, proyectó.

Barcelata Chávez argumentó que para hacer una ampliación al subsidio del Gobierno del Estado se tendrían que tomar recursos de otras partidas, “tal vez los recursos que se destinan a clínicas, hospitales, carreteras o escuelas”, pues con los cambios se obliga al IPE a cubrir el déficit para pagar las pensiones.

Además, mencionó que el proyecto iría en contra de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que plantea en su artículo 16 que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a una Legislatura local deberá de incluir una estimación del impacto presupuestario.

“Hasta donde sé este documento no fue presentado, porque el Ejecutivo es quien debe de elaborarlo por conducto de la Secretaría de Finanzas, es decir que esta dependencia debe de revisar el impacto presupuestario (…).

“El Congreso debió de solicitar al gobernador que instruyera a la Secretaría de Finanzas a hacer ese análisis, ya con eso este documento tendría que haberse incluido en el dictamen para ser sometido a votación”.

En ese sentido, el director del IPE justificó que no intervinieron en el proceso de elaboración de la reforma debido a que no fueron invitados formalmente por parte del Congreso del Estado, pues solo les llegaron invitaciones de la comisión especial para atender la problemática del organismo.

“Las invitaciones fueron para asistir a foros de debate, de trabajo o de análisis, pero estas invitaciones no cumplen el requisito que señala la ley, pues se exige un mensaje formal de la Legislatura al Poder Ejecutivo que debe de autorizar; sin embargo el gobernador nunca recibió una solicitud de esa naturaleza”.

Xalapa- 2018-07-3017:13:27- Jesús Ruiz/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO