Por si acaso…

Por Carlos Jesús Rodríguez

*Reducir salarios un retroceso
*Moratoria como destino final

AHORA QUE el virtual Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador insiste en reducir salarios de la “alta burocracia” hasta en un 50 por ciento, imponiendo como tope su propia percepción que será de 108 mil pesos mensuales, es bueno recordar que aunque el Artículo Tercero Constitucional establece que toda persona tiene derecho a recibir educación gratuita, y que la Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios impartirán preescolar, primaria, secundaria y media superior, siendo todas estas obligatorias, lo cierto es que las buenas intenciones se topan con un obstáculo que no tiene desperdicio: el Estado no cuenta con infraestructura suficiente para dar cobertura a niños y adolescentes que deben cursar la educación básica, de tal suerte que millones en el País se ven excluidos del sistema educativo oficial por ausencia de cobertura para acceder a una educación pública, gratuita, universal y de calidad, siendo ésta muy baja y, por tanto, un enorme reto para el País, y qué decir de la educación profesional con universidades públicas donde sólo 3 de cada 10 jóvenes de 18 a 22 años tienen la oportunidad de asistir a alguna institución de enseñanza superior, y el resto debe buscar acomodo en universidades privadas, y esto sucede en todo el País y acaso por ello el surgimiento de la educación privada cuyos antecedentes datan de 1935 a 1959, y de 1960 a 1980 la primera expansión que a la fecha suman 5 mil 343 escuelas de nivel superior que atienden a una población escolar de más de 3.6 millones de alumnos, siendo las entidades de Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Guanajuato las que concentran el 42.8 por ciento de esas instituciones, algo que no podría el Estado mexicano ofrecer de manera gratuita pese a las buenas intenciones de AMLO, aunque eso es solo en materia universitaria, ya que escuelas privadas de nivel básico son, actualmente, 43 mil 801, es decir, de preescolar, primaria y secundaria que dan empleo a 432 mil 276 docentes, según datos del Sistema Nacional de Información de Estadística Educativa de la SEP.

PERO NO se trata solo de la educación como la concibe el Tercero constitucional: laica, obligatoria y gratuita, sino de otro bien que es conquista de la Revolución Mexicana como es el tema de la salud. Dice el Artículo Cuarto Constitucional que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios y establecerá la concurrencia de la Federación y las Entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”, y hasta ahí las cosas bien, sin embargo, la cobertura de salud que ofrece el Estado es insuficiente, de tal suerte que si fuera necesario atender a toda la población en hospitales públicos como lo mandata la Carta Magna, seguramente, esas instancias ya habrían erosionado y, en el peor de los casos, detonado, a no ser porque en México existen infinidad de hospitales privados que se suman a la atención de miles, millones de mexicanos, lo que permite no sobresaturar el servicio público ya de por si insuficiente para atender cuestiones especializadas.

PERO LA educación y salud privada tienen un costo, en muchos casos muy elevado, y el surgimiento de ambas -escuelas y hospitales- no fueron por lujo o porque exista una casta divina superior al resto del País, sino producto de la incapacidad del Estado para atender esas necesidades aun cuando lo establece la Constitución que nos rige. Reducir salarios y exigir u obligar a los Estados gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional a hacer lo propio, traerá severas afectaciones tanto a esos centros educativos, incluidas las universidades privadas y hospitales pero, sobre todo, a millones de mexicanos. Y aunque algunos, en un afán revanchista insisten en que los funcionarios deben acudir a las instancias de salud públicas que ofrecen el servicio gratuito, lo cierto es que sería imposible atender a todos, si ya de por si existen deficiencias en la atención, mientras que las escuelas públicas, al pasar a los alumnos que estudian en las privadas al servicio que ofrece el Estado, simple y llanamente se descarrilarían dejando a muchos jóvenes, sobre todo de escasos recursos, sin la posibilidad de continuar su educación, pues se quiera o no aceptar, la educación privada sigue siendo mejor porque a los profesores se les exige cumplir ciertas normas, además de que ya enseñan inglés y computación y, en muchos casos otras lenguas.

EL ASUNTO se tornaría más complicado para trabajadores de los gobiernos Federal y Estatales que serán gobernados por MoReNa –si los gobernantes adoptan las mismas medidas que López Obrador-, cuando tengan que enfrentar los pagos de distintos créditos que tienen contratados para brindar educación a sus hijos, pagar la hipoteca o algún seguro de gastos médicos mayores, a tal grado que en el sector bancario ya se encendieron alarmas, pues reducir las actuales percepciones en un 50 por ciento afectará la capacidad de pago, por lo que ya se analizan cuántos clientes del sector público podrían ser afectados. Y es que la banca podría enfrentar carteras vencidas e incluso créditos incobrables después de un periodo de moratoria. En Veracruz, como en muchos estados que ahora serán gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional, la reducción de salarios es un hecho e, incluso, se valora la desconcentración de ciertas dependencias como la Secretaría de Economía que podría ser llevada a Córdoba o el Puerto de Veracruz; Pesca al municipio de Alvarado; Turismo a Coatzacoalcos ya que se busca darle un impulso al sur del Estado colindante con Villahermosa, Tabasco. La Secretaría de Agricultura podría encajar en Papantla; ganadería en Los Tuxtlas; Medio Ambiente en Coatzacoalcos, Minatitlán o la zona de Actopan donde se pretenden instalar mineras y así, sucesivamente, buscando llevar prioridades a las regiones que más lo necesitan.

PERO VOLVIENDO al tema inicial, no está demás enfatizar que las colegiaturas en escuelas particulares se incrementaron en el primer semestre de este año a su mayor ritmo de todo el sexenio, lo mismo que las consultas y atención en hospitales privados, ya que cifras del Inegi registran un aumento de 1.02 por ciento de forma acumulada anual en los primeros seis meses, que fue el alza más significativa desde 2012 cuando el acumulado fue de 1.08 por ciento en el primer semestre. En términos anuales, la inflación de las colegiaturas privadas en Junio fue de 4.81 por ciento, superior a la tasa general, de 4.65 por ciento, y si se trata de hospitales privados, en México ese sector, aunque debería ser un coadyuvante del sistema nacional de salud, y en los hechos lo es, no está al alcance de todos, sino de aquellos que cuentan con los recursos para hacer frente a los costos. Sin duda, son un buen negocio que opera en el País sin ninguna regulación que evite los abusos en el cobro de los servicios y que, sin embargo, es un mal necesario si el Estado no tiene la infraestructura suficiente para garantizar el servicio a toda la población. De hecho, muchos hospitales públicos que carecen de tecnología subrogan el servicio a esos nosocomios. Así de simple. OPINA carjesus30@nullhotmail.com