Bobbio, Matteucci y Pasquino distinguen el terrorismo del terror político, dicho de manera breve, en que el primero es el empleado por grupos revolucionarios para derrocar gobiernos dictatoriales, mientras que el segundo es aquella violencia usada sistemáticamente por regímenes gubernamentales contra personas o cosas para mantener el poder.

Y es en esta vertiente hacia donde parece encaminarse el Estado de Veracruz, según los más recientes acontecimientos que bien pueden ser hilvanados. Lo primero fue el inusitado citatorio ministerial a un empresario que el día anterior estaba protestando contra el gobierno por la falta de pagos a él y a otros colegas, en su calidad de proveedores.

La segunda muestra es el uso de la policía para “sembrar” droga en una negociación que es propiedad de la diputada Cinthya Lobato, quien casualmente unas horas antes de esta felonía, acababa de renunciar a ser parte de la fracción legislativa del PAN, y con ello desmantelaba la intentona oficialista de designar magistrados y fiscal anticorrupción a modo.

La siembra de la droga está más que probada, pues quedó registrada en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Ahora es fácil inferir que el otro diputado que igualmente había renunciado a esa fracción, y que sólo duró unas horas fuera porque decidió regresarse, acaso no lo hizo por convicción. Eventualmente pudo haber sido amenazado.

Es completamente reprobable que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares use la fuerza que le dio el voto de los veracruzanos para amedrentar y someter a quienes no participan de sus proyectos políticos.