Por si acaso…

Por Carlos Jesús Rodríguez

*TSJE ¿nepotismo y corrupción?
*Cuitláhuac no perdona agravios

EN JUNIO de 2016, cinco meses antes de finalizar su desatinada administración, Javier Duarte de Ochoa ordenó a los diputados de su partido reformar la Constitución local para crear la Fiscalía Anticorrupción cuyo titular duraría en el cargo cinco años; paralelamente instruyó retirar el fuero constitucional al Gobernador que lo sucediera, a secretarios de despacho y presidentes municipales, aunque el beneficio seguiría protegiendo a legisladores, al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Fiscal General. El Contralor General, de acuerdo a las adecuaciones, sería nombrado, en lo sucesivo, por el Congreso Estatal controlado por el PRI y sus aliados, de tal suerte que si ganaba Miguel Ángel Yunes Linares (como, finalmente, ocurrió) o Cuitláhuac García Jiménez (que perdió, en aquella ocasión pero, ahora, será el próximo mandatario), nada pudieran hacer para desbancar a quienes le protegerían en su huida. Era un blindaje apresurado ante la guillotina que pendía sobre su testa, y fueron tantas las presiones del, entonces, triunfador de los comicios sucesorios, Miguel Ángel Yunes Linares, que hasta el CEN del PRI desaprobó a Duarte cuando Carolina Monroy del Mazo, en ese tiempo Presidenta interina del “tricolor” -tras la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la presidencia- enfatizó: “en el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga el Estado de Derecho”, pues si bien las medidas adoptadas eran “jurídicamente correctas”, habría que revisarse desde el punto de vista ético, dejó en claro.

FUE SUFICIENTE aquella postura que, invariablemente, tenía el visto bueno del Presidente Enrique Peña Nieto para que el, entonces, Gobernador pidiera al Congreso local declarar desierta la convocatoria para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción que, hasta donde se sabe, sería su paisano cordobés Francisco Portilla Bonilla, ex alcalde de Córdoba, ex Procurador de Justicia y ex Ministro del Tribunal Superior de Justicia, un hombre cercano a su familia. El mensaje duartista publicado a través de Twitter fue difundido luego de que, por instrucción del Presidente, la PGR presentó una acción de inconstitucionalidad en contra el gobierno duartista y el Poder Legislativo local por acotar leyes del orden estatal ‘a modo’ que desvirtúan y ponen en duda el Sistema Anticorrupción Nacional. Duarte anunció, paralelamente, que los magistrados presentados por él mismo –entre los que figuraban Guadalupe Porras, que enfrentaba denuncias por desvío de recursos de cuando fue alcaldesa de Minatitlán-, habían declinado y no enviaría una nueva terna.

DE AQUELLOS desatinos se aprovechó el Gobierno que le sustituiría, pues sin contrapesos que se lo impidieran, Miguel Ángel Yunes Linares se dio a la tarea de investigar a Javier Duarte y su pandilla, a tal grado que en la toma de posesión en Diciembre de aquel año, anunció que había recuperado propiedades y dinero en efectivo por más de 1mil 400 millones de pesos, recursos que ahora, ante la derrota sufrida por la alianza PAN-PRD-MC que encabezaba su hijo más querido, tendrá que demostrar centavo a centavo en qué los utilizó, y qué destino tuvieron los bienes muebles e inmuebles y, en todo caso, porqué los donó –algunos- a casas de la cultura como Tlacotalpan –o a institutos científicos –como El Faunito de Fortín de las Flores-, porque las auditorías vienen a todo lo que dan, aun cuando el futuro Presidente de México sigue enarbolando su “amor y paz-, lo que andando el tiempo lo exculparía con un “yo no fui, fue el Estado de derecho”. Nadie sabe para quién trabaja.

DOS AÑOS después de aquellos acontecimientos, la historia pareciera repetirse. Hay como una urgencia en el Congreso local por sacar a un Fiscal Anticorrupción a modo (propuesto o no por el Gobernador), aprovechando que el PAN y sus aliados son mayoría, ya que la próxima Legislatura estará conformada, mayoritariamente, por diputados de MoReNa, además de que pretenden imponer al nuevo titular del Instituto de Acceso a la Información, algo que debería corresponder, tal vez, al próximo Gobernador que asumirá funciones en Diciembre, esto es, Cuitláhuac García Jiménez. Lo curioso es que el titular del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, con la anuencia, tal vez, del Ejecutivo busca nombrar a 12 magistrados que integren a esa instancia para acuerparse y evitar ser removido por el nuevo Gobierno, entre otros, a Alma Aleida Sosa (la Juez que ha decretado prisión preventiva a los ex duartistas para protegerla ante algún abuso de autoridad que pudieran detectarle).

DE ESA manera, Edel Álvarez no solo dejaría severamente endeudado al Poder Judicial los próximos 30 años con 5 mil millones de pesos para la construcción de 21 ciudades judiciales –empresa en la que participan familiares muy cercanos-, sino que intentaría meter a incondicionales dispensando, incluso, la edad exigida por la Constitución y la experiencia probada, entre ellos a Andrés Domínguez (Secretario del Pleno); Esmeralda Ixtla; Verónica Portillo (Juez antiduartista); Daniel Ruiz (hijo del ex magistrado Daniel Ruiz); Javier Contreras Chargoy; Jorge Franco Álvarez (sobrino del propio Edel y hoy coordinador de la unidad administrativa del Tribunal de Conciliación y Arbitraje) y Francisco Berlín (Coordinador jurídico), además de Lauro H. López Zumaya, Joaquín Rodríguez, Marco Antonio Rodríguez Lobato, Elías Moreno Azamar, José Luis Cuevas Gayoso, Rosalba Rodríguez Rodríguez, Claudia Reséndiz, Blanca Miriam, Enoc Castelán Estrada y Ángel Ramírez Bretón.

A ALVAREZ Peña se le recordará, sin duda, como el campeón del nepotismo al proponer a su sobrino Jorge Franco Álvarez en varios puestos dentro del TSJE, además de su esposa -sobrina política de Edel-, Adriana Balconi Delfín que, también, labora en el Poder Judicial y ha pasado de Jefe del Departamento Contencioso Administrativo en la Dirección Jurídica, a la Unidad de Transparencia, Juez Penal Oral en Coatepec, Directora de Situación Patrimonial de la Contraloría y Asesor de la secretaría General de Acuerdos, todo en 2 años. Actualmente labora en el Tribunal de Justicia Administrativa como titular de la Unidad de Género. La hermana de Jorge Franco: Cindy Franco Álvarez, también sobrina de Edel, está adscrita en el área del hermano, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, además del hijo de Cindy, José Manuel García Franco, quien labora por contrato para disfrazar, adscrito con Esmeralda Ixtla, en la Secretaría del Consejo de la Judicatura. También habría que sumar a Patricia Campos, tía de Jorge Franco y sobrina de Edel Álvarez, adscrita con Ana Isabel Grajales, en Recursos Humanos, como asesora externa pero también con una plaza en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa que pasó de ser el Tribunal Anticorrupción a una especie de Tribunal adjunto de “lo familiar de Edel”. El Presidente del Tribunal, ahora se sabe, va por la Fiscalía Anticorrupción a través de Andrés Domínguez, actualmente secretario del pleno del Tribunal (o lo hace Fiscal Anticorrupción o negocia no serlo a cuenta de elevarlo a magistrado sin la edad requerida). En el Tribunal aseguran que a Edel nada le preocupa, pues la Contraloría la tiene en manos de su incondicional Yendi Sampieri de la Vequia, que de Notaria con Licencia salió con conocimientos contables y de auditoría, y aunque el ORFIS ya había asignado al Despacho Resa y Asociados SC, lo sustituyó por el Despacho M&F Asociados S.C. cuyo titular es Antolín Pérez Rodríguez, el mismo contador que le lleva varias de las empresas de su propiedad y quien, por cierto, también tiene una hermana laborando en el poder judicial, Elisa Pérez Rodríguez. En fin, como dijera Pompín Iglesias; que bonita familia, que bonita familia. Así las cosas… OPINA carjesus30@nullhotmail.com