Línea Caliente

Por Edgar Hernández*

 

¡Flavino Ríos demuestra su inocencia; Audirac, Gina y el “gordo” Valencia, harán valer sus amparos!

 

Inconsistencias en el debido proceso, carpetas mal armadas, acusaciones sin fundamento y un claro interés político y personal de parte de Miguel Angel Yunes Linares en complicidad con el Fiscal Jorge Winkler y jueces a modo, desvanecen la cascada de acusaciones contra Javier Duarte y Duartistas en prisión.

Por ello el gobierno entrante de Cuitláhuac García irá con todo contra Jorge Winkler quien, como ya se adelantó, que será llevado a juicio político.

Y ante la debacle del gobierno saliente desesperado por salvar el pellejo no tendrá más remedio que sacrificar al nonato Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio.

El gobierno por concluir entregará además para el deslinde de responsabilidades a los titulares de Salud, Arturo Irán Suárez, Educación, Enrique Pérez Rodríguez  y Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie por presunto desvío multimillonario de recursos a través de “Empresas Fantasma”.

El caso del titular de Finanzas del gobierno del Estado, Guillermo Moreno Chazarinni, llama la atención de manera singular de parte del equipo de transición de Cuitláhuac García Jiménez por los presuntos desvíos multimillonarios de recursos a través de “Sire” que alteró el “timbrado” de la nómina.

A ello se suma el sospechoso manejo de bienes recuperados a los Duartistas cuya información ha despertado la sospecha sobre su destino y fines.

Siguiendo con el tema del deslinde de responsabilidades:

Dos diputados locales María Elisa Manterola y José Luis Enríquez serán llamados por la nueva Fiscalía General para responder penalmente por el procedimiento inconstitucional que dio lugar a la imposición ilegal del Fiscal Anticorrupción.

Antes se hará un arqueo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado y el Congreso entrante llamará a cuentas a Sergio Hernández “El bailador”, quien dispuso de recursos públicos de manera arbitraria siendo denunciados en su momento por su par, Cynthia Lobato.

Así, es previsible que sea sometido a juicio de procedencia para desaforarlo.

El brazo de la justicia también alcanzará al Partido Acción Nacional y a su dirigencia, en lo particular a Pepe Mancha, por disposición ilegal, mediante negocios turbios  a través de “Empresas Fachada” con el Congreso del Estado, por más de 70 millones de pesos.

ORFIS, que encabeza Lorenzo Antonio Portilla, será asimismo llamado a cuentas por omisión, ocultamiento de información, sospechosas auditorías a modo en favor del gobierno de Yunes y presunto manejo irregular de dinero por debajo de la mesa para favorecer a ediles. 

Llegará asimismo a su fin la escalada venganzas personales contra los Duartistas no porque sean honrados, sino por lo mal hecho del trabajo jurídico que los llevó a Pacho Viejo.

Alcanzarán su libertad Arturo Bermúdez Bermúdez –Javier Duarte y Karime Macías se cocinan aparte desde la PGR-, Flavino Ríos, en prisión domiciliaria, Mauricio Audirac, Gina Domínguez (delitos prescritos) y el “gordo” Francisco Valencia, que hoy se sabe es consuegro de Norma Yunes Linares y que fue llevado a prisión por trabajar para Morena.

El desvanecimiento de las acusaciones que los pondrá en libertad se sustenta en los siguientes puntos:

Carpetas de investigación inventadas; detenciones arbitrarias; invasión estatal de procedimientos federales; alteración del  debido proceso por la sobreexposición mediática, y la exigencia ilegal en la entrega de bienes.

El caso Flavino es una aberración jurídica al ser juzgado por una autoridad local cuando de inicio el presunto delito es de carácter federal.

Se le acusa de haber prestado un helicóptero a Javier Duarte y estar presente en el momento de la huida cuando el inculpado ha demostrado  que estaba en Palacio de Gobierno.

Pero además a Flavino le concedieron un amparo en donde le desestiman pruebas que lo limpiaban del procedimiento lo cual hubiera sido el equivalente a libertad sin condiciones sin vinculación a proceso.

Pero además no se sabe cuál es el delito que se le imputa, sobre todo porque un juez local de Pacho es quien juzga cuando debió ser uno federal porque los hechos sucedieron en una terminal aérea federal, amén de la ineficiencia de la Fiscalía por lo endeble o falso de la acusación.

En cuanto al resto de los detenidos en Pacho, el argumento de defensa elemental de los inculpados es que por sus características, los delitos tienen derecho a fianza misma que no les fue negada violándose sus garantías individuales y sus derechos humanos, reclamables desde el punto de vista del derecho internacional.

El gobierno de Yunes Linares ha jugado con los amparos para retenerlos en prisión.

El caso Bermúdez.

 

“Todo delincuente tiene derecho a los beneficios que la ley procesal le puede brindar. Los delitos por los que se le persigue son una ficción política. No le han podido acreditar delitos de lesa humanidad. Lo que se ha dicho es que movieron cadáveres de un lugar a otro de gente desaparecida, pero nunca se ha probado que se les haya tomado vivos y quitado la vida”.

“Lo que eventualmente pudiera haber es un delito de inhumación o traslado ilegal de cadáveres, nunca la desaparición forzada”.

Por cuanto a las incautaciones.

Todo el escándalo mediático de propiedades de Woodland en Houston se desvaneció al comprobarse que de manera tramposa el gobernador Miguel Angel Yunes se presentó al pie de las residencias del 23 Shimmering Aspen y un local de oficinas del 25219 Kuykendahl Road Street, 210 con presuntos valores millonarios en dólares mostrando asimismo un título de propiedad recuperada que sería destinado a “hospitales y clínicas”.

Resulta que el condado de Harris donde se asientan las propiedades no tienen notificación judicial sobre las cuatro propiedades reclamadas, por tanto la juez Fredericka Phillips, responsable del caso 201809526, del Distrito 61 de Harris, en Texas, desechará en septiembre el caso al no comprobarse las acusaciones.

La información de todas estas irregularidades ya la tiene en su poder el equipo jurídico de Andrés Manuel López Obrador, que encabeza el abogado Julio Sherer Ibarra en su calidad de consejero jurídico de la próxima Presidencia de la República.

En ella se sostiene que “todos, absolutamente todos los retenidos en Pacho Viejo arriba citados, deberán ser de manera inobjetable puestos en libertad bajo fianza”.

Ante tales evidencias, el gobierno de Cuitláhuac García confiaría en la regularización del procedimiento y que sea el propio gobierno de Miguel Angel Yunes Linares, quien ponga en libertad a los señalados.

De lo contrario los responsables deberán atenerse a las consecuencias.

 ¡Ay, nanita!

Tiempo al tiempo.

 

*Premio Nacional de Periodismo