Xalapa- 2018-08-1009:53:00- Jesús Ruiz/

 

Por conducirse “dolosamente y con falsedad” la Fiscalía General del Estado (FGE) debe de abrir una carpeta de investigación en contra del titular de la Secretaría de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, así como del director administrativo de dicha dependencia, Miguel Ángel García Ramírez.

 

Así lo requirió la defensa del empresario, Alejandro Cossío Hernández, señalando que su cliente fue citado arbitrariamente a comparecer ante el organismo después de que dichos funcionarios lo acusaron burdamente de “coyotaje”.

 

Al respecto, la abogada Itzel Jurado Ortiz, evidenció que Suárez Villa y García Ramírez presentaron una denuncia en contra de su cliente citando un video de un medio de comunicación local.

 

En su argumentación los funcionarios manifestaron haber visto la videograbación del medio “Matices Políticos” en la que supuestamente Cossío Hernández acusó a la Secretaría de Salud de requerir “dádivas” para cumplir con el pago de servicios prestados por la empresa NRA S.A. de C.V por la cantidad de 52 millones de pesos.

 

Para la abogada del empresario dichas declaraciones pueden ser constitutivas “de un ilícito penal”, al carecer de fundamentos y ser a todas luces dolosas, puesto que “no tienen sustento y no constituyen delito alguno”.

 

Alertó que la querella que presentó el secretario de Salud en contra de Cossío Hernández ni siquiera aclara la conducta que estaría tipificada como delito, al calificar al empresario únicamente como “coyote”, de ahí que la Fiscalía nunca debió citarlo a comparecer.

 

Acusaciones falaces

 

Por su parte, en entrevista exclusiva para Imagen del Golfo, el empresario Cossío Hernández declaró que es evidente que el secretario de Salud actuó por orden directa del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, lo que obliga a la Fiscalía, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, a iniciar una investigación.

 

Refirió que el pasado 16 de julio se presentó en las oficinas de Palacio de Gobierno junto con un grupo de empresarios para exigir el pago de pasivos a la empresa NRA S.A. de C.V, lo que derivó en un desalojo con uso de la fuerza pública desplegando a unos 200 elementos para retirarlos del inmueble.

 

Ironizó que el 17 de julio, un día después del desalojo, Suárez Villa presentó una denuncia solo en su contra, misma que calificó como apresurada debido a que quedó asentada en “apenas 10 líneas” en las que el secretario incluso negó conocerlo personalmente.

 

Criticó que por su parte el director administrativo de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel García Ramírez, lo señaló de realizar amenazas para mantener un contrato por el servicio de hemodiálisis y de difamar a la actual administración.

 

Igualmente el administrativo rechazó en su denuncia que Cossío Hernández se haya acreditado como representante legal de NRA S.A. de C.V, aunque el empresario sostiene estar acreditado legalmente como asesor.

 

De esta manera el empresario agregó que en la denuncia García Ramírez buscó deslindar al gobierno de Yunes Linares de los pagos pendientes con NRA S.A. de C.V, indicando que se encontró un adeudo de 49 millones de pesos pero de la administración de Javier Duarte.

 

No obstante, tuvieron que reconocer que dicha empresa sí otorgó servicios en el actual gobierno por 21 millones 62 mil 459.32 pesos por el periodo de 01 de diciembre del 2016 al 15 de abril del 2017.

 

Así, tanto el empresario como su abogada defensa deploraron que pese a los escasos elementos presentados por los funcionarios a la Fiscalía el organismo decidió iniciar una investigación, citándolo a comparecer apenas dos días después del desalojo, es decir el pasado 19 de julio.

 

Por lo anterior pidieron al fiscal segundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, Guillermo Altamirano Bencomo, archivar la carpeta de investigación en contra de Cossío Hernández, pero iniciar otra en contra del secretario de Salud y su director administrativo

 

 

AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO