Ha resultado completamente inusual que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se haya pronunciado sugestivamente opuesto a la reforma a la Ley del IPE, que varios sindicatos promovieron y que el Congreso aprobó por unanimidad.

La extrañeza reside en que el mandatario ha controlado todo el tiempo al Congreso. La mayoría de los miembros de éste, suficiente para aprobar, abrogar o derogar leyes, reglamentos o acuerdos, ha actuado en consonancia con los intereses políticos del régimen administrativo en turno. Es puro cuento eso de que el Congreso ha tenido autonomía, como pregona el señor Yunes.

Pues ahora resulta que el Congreso se atrevió a desafiar al gobernador al aprobar reformas legislativas al IPE y que al Ejecutivo no le gustaron o por lo menos está reservado sobre su pertinencia. Inclusive el director del Instituto dio la cara para defender esa misma postura.

Tan sencillo que hubiera sido que el gobernador levantara el teléfono y le ordenara a Sergio no seguir adelante con esa ley, como ha ocurrido con los temas del aborto, los matrimonios homoparentales y otros, en vez de hacer el circo de oponerse públicamente.

Francamente se antoja como una estrategia mediática, bien para exhibir la supuesta soberanía del Congreso, bien para mantener tranquilos y ocupados a los sindicatos y a la Copipev, en estas últimas semanas del régimen, o también para dejarle una carga enorme al próximo gobierno, responsabilizando al Legislativo.