Xalapa- 2018-08-1713:24:10- A partir de este viernes se impondrán hasta 10 años de prisión y multas de 100 a 300 unidades de medida a los hackers, quienes destruyan, copien, utilicen o provoquen pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado.

De igual manera aquella persona que sin autorización conozca la información contenida y ésta esté protegida por algún mecanismo de seguridad.

También a quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a 10 años de prisión y multa de hasta 500 a mil unidades de medida y actualización.

Lo anterior se dio a conocer en la Gaceta Oficial del Estado en su número extraordinario 328, en donde se indica que si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá además destitución e inhabilitación hasta por el mismo tiempo, es decir de tres, cinco y 10 años, para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.

De igual manera al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le impondrán de tres a siete años de prisión y multa de hasta 500 unidades de medida y actualización.

A los funcionarios o externos que apoyados por la tecnología o estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado indebidamente obtenga, copie o utilice información que contengan, se le impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de doscientas a 600 unidades de medida.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá además hasta una mitad más de la pena impuesta, destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena resultante para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.

Se agrega que las sanciones previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno; duplicándose cuando la conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o imposibilite la procuración o impartición de justicia.

Finalmente se apremia que a quien sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de doscientas a seiscientas unidades de medida y actualización.

Leticia Rosado / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO