A dos años de la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no parece haber ganado mucho crédito a su favor, sin embargo debe reconocerse que lucha contra muchas décadas de impunidad institucionalizada y romper esos moldes implica la participación en sinergia de muchas instancias de gobierno. Los números aportados por México Evalúa no son halagüeños: en 2016 “los delitos se cometieron con 87% de impunidad y en 15 estados superó el 90%”, y no alienta que entre ellos figura Veracruz en donde la realidad delictiva es un constante desafío para las autoridades. Para colmo, la declaración de libertad para la señora Gordillo aviva entre la población mexicana y la veracruzana en particular, el temor de que con el cambio de gobierno en las esferas federal y estatal quienes ahora son prófugos sean “perdonados” y que Duarte y compañía también se vean favorecidos por alguna “laguna” legal, como si la impunidad se institucionalizara.