Definitivamente, está comprobado que un gobierno estatal de dos años no es apropiado para la solución de problemas sociales y políticos, simplemente porque lo acota el corto periodo de su permanencia. Y si los tiempos políticos se combinan con circunstancias verdaderamente difíciles y existe obligación legal de implementar nombramientos institucionales se producen las complicaciones que estamos presenciando: un intenso debate público por el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, impugnado por las fuerzas políticas de oposición, lo cual no representaría problema, pero en este caso la oposición más acentuada es de la fuerza política que hará gobierno a partir del 1 de diciembre próximo. De esa manera, no se configuran buenos auspicios para el desempeño de una Institución cuya autonomía está en la picota. Con todo y sus asegunes ya está integrado el Sistema Estatal Anticorrupción que este día debe empezar a funcionar, lo más deseable es que trabaje con auténtica autonomía.