Las autoridades rumanas reportaron este sábado que al menos 440 personas, incluidas dos decenas de policías antidisturbios, recibieron atención médica por diferentes heridas, luego de que una protesta antigubernamental se volviera violenta.

El Servicio de Emergencia de Bucarest-Ilfov señaló que, del número reportado, 65 personas, entre ellas nueve policías antimotines, fueron llevadas al hospital. No hay informes inmediatos de lesiones que amenacen la vida.

Las protestas han sido organizadas y promovidas por grupos de rumanos que trabajan en el exterior, indignados por lo que dicen es corrupción arraigada, bajos salarios e intentos del gobierno de debilitar al poder judicial en uno de los estados más corruptos de la Unión Europea.

La movilización antigubernamental en Bucarest atrajo el viernes en la tarde a decenas de miles de rumanos del extranjero y residentes locales que exigieron la renuncia del gobierno del Partido Socialdemócrata por la corrupción y la carestía de la vida.

El número de participantes en la marcha fue creciendo desde primeras horas de la tarde, con muchos rumanos residentes en países como Alemania, Francia, Italia y España que se han desplazado a Bucarest para participar en la protesta, y visitar a sus familiares.

Entre 30 mil y 50 mil personas, incluidos muchos expatriados que regresan, se presentaron en todo el país, según los informes de los medios.

De acuerdo con reportes preliminares de los servicios de urgencias, en principio más de cien manifestantes fueron atendidos por la inhalación de los gases y varias decenas de agentes resultaron heridos por el lanzamiento de piedras y botellas.

El presidente Klaus Iohannis, un crítico del gobierno de izquierda, condenó “la intervención brutal de la policía antidisturbios”.

Las protestas pacíficas se han celebrado repetidamente desde que los socialdemócratas tomaron el poder a principios de 2017 y trataron de despenalizar varios delitos de corrupción.

A principios de este año, impulsaron cambios en el código penal a través del Parlamento que han despertado inquietudes de la Comisión Europea y del Departamento estadunidense de Estado.

En julio, el presidente Iohannis aprobó el despido de la fiscal anticorrupciónLaura Codruta Kovesi, que había estado liderando las investigaciones de políticos locales y nacionales por corrupción.

Con información de Excelsior