Rúbrica

Por Aurelio Contreras Moreno

La “estrategia” para combatir la violencia a través de “la paz y la reconciliación” que perfila lo que será el gobierno que a partir del 1 de diciembre encabezará Andrés Manuel López Obrador, encontró su primera expresión de abierto disenso por parte de las víctimas.

En Ciudad Juárez, durante el primer foro de consulta sobre paz y reconciliación, López Obrador reiteró su consigna: “olvido no, perdón sí”, misma que fue rechazada por familiares de víctimas de la violencia ahí presentes.

“Sin justicia no hay perdón”, “ni perdón ni olvido”, fueron las respuestas que le lanzaron a voz en cuello madres de desaparecidos, de asesinados y desplazados, que prácticamente se colaron al evento exigiendo ser escuchadas por el virtual Presidente electo de México y por el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, a quien al igual como sucede con su homólogo de Veracruz, lo acusan de hacer oídos sordos a los reclamos de las víctimas.

En campaña, López Obrador prometió que antes de tomar cualquier decisión al respecto, se escucharía la voz de las víctimas. Pero esta vez espetó: “tenemos que actuar en unidad, pensando que la patria es primero y estar dispuestos a perdonar. Lo dije en campaña y lo repito ahora, coincido con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estar a favor del perdón. Respeto mucho a quienes dicen ‘ni perdón ni olvido’. Yo les digo, olvido no, perdón sí”.

Planteamientos como el de la amnistía a delincuentes han generado controversia e incluso repulsa desde que fueron expuestos de manera ambigua por López Obrador durante su campaña. Y si bien al matizar la idea se ha afirmado que ésta alcanzaría sólo a quienes no son acusados de delitos graves –por ejemplo, los campesinos que tienen que escoger entre sembrar opiáceos o morirse de hambre o a balazos-, la sola posibilidad de ofrecer el indulto a asesinos sanguinarios genera escozor y rechazo. Y con absoluta razón.

No puede pedírsele a la madre de un hijo o hija desaparecido o muerto violentamente que piense que porque “la patria es primero”, tiene que perdonar a quien le arrebató a su ser querido, provocándole el más grande dolor de su vida, que no se repara con nada. Lo que merece es que se haga justicia y se aplique la ley.

Por otra parte, la idea del perdón tiene más que ver con una cuestión de religiosidad que iría aparejada con el arrepentimiento del verdugo y la resignación de la víctima. ¿Alguien cree, por citar un ejemplo, que los asesinos de la periodista Regina Martínez se arrepienten de haberle quitado la vida y callado su voz? ¿O que los ex funcionarios duartistas lamentan haberse enriquecido monstruosamente mientras el estado de Veracruz se iba a pique? ¿Por qué habríamos de resignarnos y “perdonarlos”? ¿A cuenta de qué se impondría a todos los mexicanos esa visión pseudo moral que implicaría un “borrón y cuenta nueva”?

Parte del hartazgo que derrumbó al régimen todavía gobernante se debió, entre diversos factores, a la condena social a un sistema que promovió la corrupción y la impunidad y que desató la violencia. El mandato de los ciudadanos el pasado 1 de julio no fue otro que el de hacer justicia. Sin adjetivos.

No el de perdonar a los criminales que rondan, soñando con ser deidad.

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