Cuando fue instituido el mecanismo de que hubiera consejeros ciudadanos dentro del Sistema Estatal Anticorrupción (integrado a su vez por entidades existentes relacionadas con la rendición de cuentas y la transparencia), se pensó que se trataba de una formación idónea para que veracruzanos distinguidos, impecables en su ejecutoria personal, llevaran su inteligencia y prestigio a enterarse y opinar sobre el mal manejo de la cosa pública, cuando lo hubiera.

Pero ahora resulta que los elegidos por la Comisión respectiva tienen en mente construir un aparato burocrático que compita con los ya existentes: un Comité Coordinador armado con 100 millones de pesos para el año 2018, que se sumarían a los 193 millones que consume el Orfis, los 43 millones del IVAI, los 97 del Tribunal de Justicia Administrativa y etcétera, etcétera, todo pagado por los contribuyentes.

El colmo ha venido a ser que el presidente del Comité aspira a tener un generoso sueldo de 60 mil pesos mensuales, que es superior a lo proyectado para el Gobernador del Estado, que es de 57 mil pesos y que superaría a cualquier Secretario de Despacho de Veracruz.

Cuando el presupuesto estatal es exiguo y el gobernador electo habla de un plan de austeridad, con dificultades hasta para pagar los aguinaldos de la empleomanía, con reducciones por todos lados, plantear semejantes proyecciones para los comisionados, es no sólo inconsciente e irresponsable, sino que alerta sobre la perspectiva del gran negocio que están visualizando quienes iban a representar a los ciudadanos para que las cosas vayan mejor.