Sociedad 3.0

Un juez federal resolvió que el depuesto juez del fuero común Guillermo Vargas Hernández sea restituido en su cargo y se le paguen las prestaciones que dejó de percibir desde el momento en que fue destituido por el Tribunal Superior de Justicia, con el argumento de que no podía continuar en su puesto por razones de edad.

Ante la determinación del Consejo de la Judicatura del Estado, de cesarlo, Vargas Hernández presentó una demanda de amparo el 25 de enero de este año, la cual fue admitida el 29 del mismo. Los actos reclamados consistieron en el oficio 43, que ordenó su remoción del cargo de Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Tuxpan, Veracruz, y su ejecución. El asunto quedó radicado en el expediente 26/2018.

El juez Guillermo Vargas ha tenido una larga trayectoria en el Poder Judicial del Estado, que empezó el 16 de enero de 1994, cuando fue nombrado juez en Zongolica. De ahí, recorrió los juzgados de Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Misantla, Veracruz, San Andrés Tuxtla, Jalacingo, y Tuxpan.

El criterio que aplicó la jueza federal es que las causas de remoción por haber cumplido sesenta y cinco años de edad constituye una norma con efectos retroactivos en relación con el momento en que el quejoso fue nombrado Juez “A” del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zongolica, Veracruz -16 de enero de 1994-, cuando la Constitución Política local, vigente en ese tiempo, no establecía como causa de remoción, además de las estipuladas por la ley, la edad de sesenta y cinco años, esto es, no se instituía dicha causa de retiro forzoso, como sí se contempla en la referida Constitución Estatal a partir de la adición de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete.

Por tanto, la jueza Yuridia Bello Camacho resolvió conceder el amparo y protección de la justicia al impetrante, ordenando que se le restituya como Juez de Control que venía desempeñando, le paguen las prestaciones que dejó de percibir y se realice el alta de servicios médicos ante las instituciones de salud pública correspondientes.