Xalapa- 2018-08-0819:16:32- Jesús Ruiz/De acuerdo con fuentes extraoficiales el área jurídica del Congreso del Estado ya procedió legalmente en contra de los diputados de Morena y en contra de sus ayudantes que participaron en la “clausura” del Congreso del Estado este martes.

Lo anterior por orden de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María Elisa Manterola Sainz.

Cabe señalar que se intentó cuestionar al respecto el responsable de la dirección de servicios jurídicos, Ángel Ramírez Bretón, pero el funcionario optó por guardar secrecía en este asunto.

Lo anterior a pesar de que la legisladora del PAN anunció en la Tribuna de la Diputación Permanente que ya lo había instruido para proceder legalmente.

Se confirmó que para la denuncia se hará uso de videos e imágenes de quienes participaron en el cierre del Congreso, pues de acuerdo con Manterola Sainz los diputados morenistas ingresaron personal externo en sus vehículos de forma “clandestina” para posteriormente con su ayuda bloquear los accesos y amagar al personal de seguridad.

La panista añadió que la actitud de los morenistas y sus ayudantes afectó tanto a los trabajadores, como a diversas personas que acudían a realizar trámites.

“Que no se quiera confundir, entrar en la clandestinidad con personal desconocido, encadenar las entradas, amedrentar a personal de seguridad, claro que es un hecho violento, y que puede constituir un delito”, planteó la presidenta de la Mesa Directiva.

La denuncia, según se explicó, abarca los delitos de sedición y motín, los cuales pueden sancionarse con la cárcel, multa y suspensión de los Derechos Políticos a los responsables.

Según el Código Penal del Estado en lo que se refiere al delito de sedición se impondrán de seis meses a seis años de prisión, multa hasta de ochenta días de salario y suspensión hasta por dos años en sus derechos políticos “a quienes en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad”.

Lo anterior para impedir el libre ejercicio de sus funciones; evitar el cumplimiento de la ley; abolir o reformar la Constitución Política del Estado o las instituciones que de ella emanen, o impedir la integración de éstas o su libre ejercicio; o para separar o impedir el desempeño de su cargo a algún servidor público, estatal o municipal.

En cuanto al delito de motín se señala a quienes, para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, “se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas o amenacen a la autoridad para obligarla a tomar alguna determinación”.

A los responsables de este delito se les impondrán de seis meses a tres años de prisión, o multa hasta de cuarenta días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por dos años.