AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez

Este viernes 24 se cumplirá un mes de la desaparición del médico Josué Raymundo Reyes Calles en el puerto de Veracruz. Desde entonces sus familiares, principalmente su esposa Lilian del Carmen Morales Meza, se han dado a la tarea de buscarlo con desesperación. De hecho están realizando el trabajo que les correspondería hacer o agilizar a las indolentes autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado. Lograron, por ejemplo, ubicar el automóvil de la víctima en el fraccionamiento Floresta. Sin embargo, pese a esa y otras pruebas que  entregaron, la FGE no les ha permitido acceder a las videograbaciones de las cámaras instaladas en el perímetro donde ocurrieron estos hechos.

No es la primera vez que las autoridades escamotean este tipo de material tan relevante para la investigación de un hecho criminal. En septiembre de 2011, por ejemplo, ocurrió una situación más grave aún, pues jamás se dieron a conocer las grabaciones de las cámaras instaladas sobre el bulevar “Presidente Manuel Ávila Camacho” de Boca del Río, donde a media tarde y un día antes de la Reunión Nacional de Procuradores de Justicia fueron arrojados frente a la concurrida Plaza Las Américas 35 cadáveres, la mayoría mutilados, con huellas de tortura, atados, amordazados y con la cabeza cubierta por bolsas negras de plástico.

Jamás se dio con los autores materiales de este hecho atroz que no sólo causó conmoción sino que también desató sospechas, ya que los criminales actuaron con gran impunidad no obstante que la zona estaba acordonada por elementos del Ejército y de la Marina Armada de México.

Por eso es que cabe preguntar para qué tanta inversión en este tipo de dispositivos tecnológicos si a final de cuentas no tendrán mayor impacto en el combate a la delincuencia ante la presunta complicidad o contubernio de las autoridades con las bandas del crimen organizado.

Y es que hace casi un año, en octubre de 2017, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció que se instalarían 6 mil 476 cámaras de videovigilancia para dizque dar seguridad a los veracruzanos. La cifra impactó porque aumentaría en mil 700 por ciento el número de estos dispositivos, pues por ese entonces sólo funcionaban 180 en toda la entidad.

El mandatario panista detalló que este moderno sistema sería instalado en ciudades de seis regiones estratégicas del estado: Pánuco con 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 052; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084. La cobertura total alcanzaría una extensión de más de 21 mil 594 kilómetros cuadrados de territorio.

Yunes Linares presumió que esta tecnología era de las más modernas del mundo, pues detectaba movimientos inusuales, realizaba tareas de reconocimiento facial, así como de placas vehiculares, y vinculaba automáticamente la información con los archivos de Plataforma México.

Yunes también informó en esa ocasión que se incrementarían las capacidades de los actuales Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4) en Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Cosoleacaque y Fortín, y que iniciaría la construcción de un C5i: Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones, Contacto Ciudadano e Inteligencia en la conurbación de Veracruz-Boca del Río, para recibir precisamente la información de las cámaras y atender de inmediato los llamados de toda la entidad.

Para estos fines, dijo, se destinarían más de 700 millones de pesos, la inversión más alta en la historia del estado para mejorar la seguridad pública. Pero paradójicamente resulta que en esta materia ahora los veracruzanos estamos peor. ¿Será que el verdadero problema no son las videocámaras sino los jefes corruptos de quienes las operan?

Y es que ni siquiera las grabaciones que presentan las mismas víctimas han logrado conseguir que las autoridades persigan los presuntos delitos. Ahí está, por ejemplo, el caso de la diputada Cinthya Lobato Calderón, quien a finales de julio pasado denunció el acoso que funcionarios de las secretarías de Salud y de Seguridad Pública del estado fraguaron en contra de sus familiares coincidentemente después de su renuncia a la bancada del PAN, los cuales montaron un operativo para clausurar un bar de los hermanos de su esposo. Casualmente la legisladora mostró videos en los que se observaba la forma burda en que policías “sembraron” droga en el interior del establecimiento.

En esta torpe maniobra, según señaló Lobato Calderón, se coludió el ingeniero químico Francisco Aguilar Rizo, jefe del Departamento de Vigilancia Sanitaria de la Secretaría de Salud, quien estuvo al mando de la brigada del operativo en el bar Hunter. Aguilar, quien es tío del diputado panista Sergio Hernández –ya que es primo de la señora Reynalda Hernández Aguilar, madre del presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del estado–, es jefe de Rosa Aurora Azamar Arizmendi, directora de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la SSA, quien fue la encargada de firmar las actas de suspensión del lugar el 20 de julio pasado.

Aguilar Rizo es miembro activo del PAN y padre de Israel Aguilar Hernández, el cual milita también en las juventudes panistas y se desempeña como chofer y auxiliar de su primo Sergio en el Congreso del estado.

Otro funcionario implicado en este operativo fue el abogado Jorge Miguel Rodríguez Ramírez, jefe del área Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, a quien los dueños del bar Hunter responsabilizan de haber enviado a personal de su área para “sembrarles” droga.

No es la primera vez que el hijastro del ex alcalde de Xalapa, ex secretario de Gobierno y ex procurador de Justicia del estado, Reynaldo Escobar Pérez, es señalado por este tipo de acoso.

En julio de 2017, casi un mes después de que la diputada Lobato cuestionó al fiscal Jorge Winckler en su comparecencia ante el Congreso local –en la que, por cierto, su camarada Marijose Gamboa intentó intimidarla para que no pusiera en aprietos con preguntas incómodas al titular de la FGE–, sospechosamente, de forma artera, dos delincuentes hirieron de bala a un empleado del mismo bar propiedad de los parientes del esposo de la legisladora xalapeña, lo que sirvió de pretexto para que el director Jurídico de la SSP llegara con un grupo de policías que igualmente pretendieron “sembrar” municiones y un arma en el interior del local. Pero desafortunadamente para el funcionario, todo quedó videograbado. Sin embargo, la Fiscalía jamás procedió contra los agresores pese a que al menos el rostro de uno de ellos quedó claramente identificado en el video grabado por las cámaras del negocio. Tampoco llamó a declarar a Rodríguez Ramírez, quien encabezó el malogrado operativo.

¿Así quieren combatir la delincuencia y abatir la impunidad? Difícilmente lo van a lograr, aunque instalen un millón de videocámaras en todo el estado.