Ciudad de México- 2018-09-0615:17:41- A unos meses de concluir el mandato de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó que 32 marinos incurrieron en actos de tortura en agravio de 17 personas, 11 de ellas violentadas sexualmente.

De Veracruz corresponden tres expedientes, en los que se vulneraron los derechos a tres víctimas, en Boca del Río, Coatzacoalcos y Córdoba. Se señala a diez marinos como responsables.

Por ello, el organismo emitió una recomendación al titular de la Secretaría de la Marina (Semar) y al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Francisco Vidal Soberón Sanz y Alberto Elías Beltrán, respectivamente, en la que acumula 12 expedientes documentados durante el sexenio relacionados con dichos actos.

La recomendación 29/2018 identifica que 32 marinos cometieron detención arbitraria y retención ilegal, además de la tortura en contra de los civiles, residentes de los estados de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

El organismo también identificó a 17 agentes del Ministerio Público como responsables de violar el acceso a la justicia de las víctimas, al dilatar o negarse iniciar investigaciones penales por el probable delito de tortura.

La CNDH informó que “en el periodo 2013-2017 se recibieron quejas de las víctimas y sus familiares, así como información derivada de vistas formuladas por autoridades ministeriales y jurisdiccionales, integrándose los 12 expedientes” que se incluyen en el documento recomendatorio, en los que se acreditó que tras ser detenidas, las 17 víctimas “fueron llevadas a instalaciones de la Semar, donde fueron agredidas y permanecieron retenidas bajo la custodia de los elementos aprehensores, para finalmente ser puestas a disposición del Ministerio Público Federal e iniciar las averiguaciones previas correspondientes por la probable comisión de los delitos de orden federal”.

En su recomendación, la CNDH contextualiza los hechos en la política del gobierno de Peña Nieto de colocar a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad pública, una continuación de la “guerra contra el crimen organizado” iniciada por su antecesor, Felipe Calderón.

En el documento, el organismo identificó un patrón de comportamiento de los marinos en su despliegue entre la población civil, lo que explica que la recomendación sea dirigida en primer término al titular de la Semar, ya que “los hechos se rencuentran relacionados con una práctica constante en la que los elementos navales realizan detenciones de personas alegando supuestos actos de flagrancia o denuncias anónimas que derivan en actos violatorios a derechos humanos”.

En los 17 casos documentados, “la CNDH advirtió que los elementos navales trasgredieron los derechos a la libertad, integridad y seguridad jurídica y personal de 4 mujeres y 13 hombres, 11 de estas personas sufrieron violencia sexual mientras que los actos violatorios consistieron en el amarre de manos y/o pies, golpes, vendado de ojos, agresiones psicológicas , descargas eléctricas, tablazos en los glúteos, espalda piernas, espinillas y plantas de los pies e intentos de asfixia”, situación que fue considerado en un Acuerdo de Violaciones Graves a los Derechos Humanos por parte del organismo.

De acuerdo con los expedientes integrados en la recomendación 29/2018, cuatro se refieren a hechos ocurridos en Coahuila, tres de ellos en Piedras Negras y uno en Saltillo, en los que resultaron víctimas de tortura siete personas, y se señala a ocho marinos.

De Veracruz corresponden tres expedientes, en los que se vulneraron los derechos a tres víctimas, una de ellas mujer, en Boca del Río, y los demás ocurrieron en Coatzacoalcos y Córdoba. Se señala a diez marinos como responsables.

En Zacatecas, los agravios ocurrieron en la capital y Fresnillo, contra un hombre y una mujer respectivamente, hechos por los que se señala a seis marinos.

De Nuevo León son dos expedientes, correspondientes a hechos ocurridos en Monterrey, San Nicolás de los Garza y Apodaca, donde se vulneraron derechos a un hombre y a dos mujeres, señalándose a seis efectivos navales.

En Sinaloa, se registró un expediente con dos víctimas de hechos violatorios a derechos humanos en Mazatlán, atribuidos a tres marinos.

La CNDH documentó que, en dos expedientes sobre hechos ocurridos en Piedras Negras, quienes interpusieron la queja por tortura fueron los juzgadores; en uno, ocurrido en Coatzacoalcos, la denuncia fue interpuesta por el defensor de oficio y el agente del Ministerio Público Federal, en tanto que, en el resto, fueron las propias víctimas quienes denunciaron los actos de tortura.

La investigación de la CNDH determinó que 17 agentes del Ministerio Público Federal ante los que los marinos pusieron a disposición a las personas agredidas, “violentaron el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, porque dilataron u omitieron iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva por el probable delito de tortura”, a pesar de que “tuvieron elementos suficientes para iniciar una indagatoria penal”.

Hasta ahora, de los 12 expedientes que se documentan en esta recomendación, sólo en cinco “se ha iniciado la averiguación previa correspondiente, cuando ha trascurrido un término que oscila entre uno y tres años para el comienzo de su integración”, en el resto “se desconoce si se tramita la investigación ministerial conducente”.

El organismo instruyó a la Semar a reparar el daño a las 17 víctimas, inscribirlas en el Registro Nacional de víctimas, así como a “colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la PGR para que investigue al personal naval que participó en los hechos”, que de acuerdo a la indagatoria de la CNDH fueron 32 efectivos que participaron en los agravios.

El organismo recomendó a Soberón Sanz a “colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante la instancia competente de la Semar contra los elementos navales involucrados en los hechos y, en caso de que la facultad de sanción esté prescrita, se incorpore copia de la Recomendación en el expediente laboral de éstos”.

A estas medidas, el organismo instruyó a capacitar en materia de derechos humanos con perspectiva y equidad de género a los marinos, incluyendo al personal médico; a emplear en todos sus operativos cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio, e implementar políticas públicas que eviten que, en funciones de seguridad pública, la Semar vulnere los derechos humanos de los detenidos, así como medidas para prevenir y mitigar los abusos.

A la PGR se le recomendó “continuar con las diligencias legal y materialmente necesarias para determinar cinco averiguaciones previas conforme a derecho; colaborar en la presentación seguimiento de la queja que promueva ante la instancia competente en la PGR contra 17 agentes del Ministerio Público responsables y, en caso de que la facultad de sanción esté prescrita, se incorpore copia de la Recomendación en el expediente laborar de los servidores públicos que resulten responsables”.

Imagen del Golfo/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO