Por Sabino Cruz V.

Por fuentes cercanas al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado (SETSPJV), y teniendo como fundamento los datos arrojados por el IVAI que informa la propia administración del Tribunal, se advierten los altos ingresos que quincenalmente se reciben por concepto de cuotas, y que al parecer no se refleja en beneficio de la base. Así lo hicieron saber un grupo de agremiados a ese órgano sindical, quienes se aceraron a este columnista para denunciar la serie de anomalías que desde hace dos años la dirigencia sindical, encabezada por la trabajadora, María del Rocío Tinajero Osorio, viene realizando.
De manera puntual señalaron que, desde su llegada a la dirigencia del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, la gestión de María del Rocío Tinajero y su comité se ha visto envuelta en una total opacidad referente a la administración de las cuotas sindicales de sus agremiados, así como abusos aprovechando su posición al frente de este organismo, situación que no ha pasado desapercibida por sus agremiados, quienes han manifestado en reiteradas ocasiones sus inconformidades respecto a la labor de la referida secretaria General e integrantes de su comité, entre ellos su Secretaria de Trabajos y Conflictos, Luz del Carmen Herman y la Secretaria de Finanzas, Mirtha Denice Rendón, personas que se han visto beneficiadas debido a su posición.
Los mismos agremiados sindicales se hacen frecuentemente la misma pregunta “¿a dónde van a parar los recursos de sus cuotas sindicales?” Según documento oficial proporcionado por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el cual contiene información detallada de los montos y conceptos de los depósitos realizados a favor del organismo sindical desde el inicio de la gestión de María del Rocío Tinajero, información que curiosamente fue negada por el sindicato mismo, argumentando que “dicha información no constituye información pública”; durante el periodo 2016 la cantidad depositada fue de $ 2’614,854.60, de igual forma, la cuenta del año 2017 arroja una cantidad de $ 3’ 226, 825.36 en depósitos y en el actual año 2018 se estiman depósitos por el orden cercano a los $ 2’000,000.00 en las arcas sindicales.
Sin embargo y a pesar de ser cantidades importantes, no se perciben beneficios acordes para los agremiados, ya que los gastos operativos del comité sindical, tales como renta de oficina, servicios y sueldos de personal de su confianza, como a su marido que lo tiene de chofer ocupando para cosas personales el carro que pertenece al sindicato y compensaciones de integrantes del comité no son conocidos, y ya que no se cuenta con un patrimonio sindical, como instalaciones propias para oficinas ni ningún otro inmueble la pregunta sigue en el aire “¿a dónde van a parar los recursos de sus cuotas sindicales?”.
De igual manera hicieron ver que, cuando se le cuestiona sobre el uso de los recursos ella, responde de una respuesta ofensiva y déspota, diciendo que estos fueron gastados en la realización de festividades de Día del Empleado del Poder Judicial, dia del padre la madre y dia del niño, en donde se obsequian distintos presentes a los agremiados, gastos que en su totalidad no cubren los ingresos que quincenalmente ingresan a las arcas del sindicato. Además, que la entidad patronal aporta dinero para esos festejos.
Aunado a la cuestión monetaria, también temas como nepotismo y abusos son parte del cotidiano entre los miembros del sindicato, ya que es sabido el trato preferencial hacia familiares de la mencionada Secretaria de Trabajos y Conflictos, Luz del Carmen Herman, misma situación de la propia Secretaria General, quien ha beneficiado a familiares cercanos desde su posición, como es el caso de su marido de nombre Gerardo Moreno Carmona, consiguiendo de manera mañosa categorías de plazas con las más altas percepciones.
Por otro lado, puntualizan los informantes, están las amenazas constantes para que el personal no haga uso de su derecho de libre afiliación, y de esta manera perpetuarse en el poder y seguir obteniendo beneficios a costa del trabajo de los empleados del Poder Judicial.
Por último, los afectados piden que se respeten los derechos laborales de los trabajadores, se tengan instalaciones propias, derecho a vivienda a préstamos de construcción, y sobre todo la recategorización, y un trato digno a cada trabajador.