La desaparición de la Sala Constitucional y la Sala Séptima en Materia Penal por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña y por el pleno, transgrede a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

El presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho del Estado de Veracruz, A,C., Vicente Octavio Pozos Marín, aseveró lo anterior respecto del hecho ocurrido en días pasados.

Acusó que se violan los artículos 1 al 29 de la Constitución federal; así como el 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y  los artículos 56 fracciones I y II, y 64 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

“El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el pleno no tienen ninguna facultad legal para desaparecer la Sala Constitucional y Sala Séptima en Materia Penal; dicha sesión debió ser pública y no privada (artículos 13 y 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado).

“Quienes tienen esa facultad legal para desaparecer dichas salas es la Legislatura del Estado, modificando el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; de la misma manera que los artículos 56 fracciones I, II y IX; y 64 de la Constitución Política del Estado de Veracruz”, puntualizó Pozos Marín.

Rechazó el argumento de que ha bajado la carga de trabajo en los juzgados y que al desaparecer salas se ahorra dinero, puesto que la partida presupuestal del año en curso ya está etiquetada por la Secretaría de Finanzas y Planeación y no se puede desviar a rubros no considerados de inicio.

Añadió que los justiciables tienen el derecho de interponer recursos legales contra el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ante la inconstitucionalidad cometida.

“De lo anterior existe un abuso de autoridad, contemplado en el artículo 317 del Código Penal para el Estado de Veracruz; y de la misma manera, la sanción administrativa contemplada en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado”, subrayó Pozos.

A su posicionamiento se sumaron el Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz, la Barra de Licenciados en Derecho de Veracruz, el Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de Veracruz, y el Colegio de Licenciados en Derecho Penal, Privado, Corporativo y Fiscal de Veracruz.

Veracruz- 2018-09-1318:57:54- Heladio Castro/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO