Lejos de la propuesta de retirar de las calles de México las labores de vigilancia y protección social del ejército y la marina estas seguirán presentes, y no por corto tiempo, por cierto. Basta saber que durante el sexenio de Peña Nieto fue bajo el número nuevos policías que se graduaron con los índices de acreditación establecidos, según consta en el anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno, y es preocupante si se considera 2017 como el año más violento en muchas décadas. Es patética la confesión de Peña Nieto: “México está haciendo frente al crimen organizado con un diseño legal e institucional que data del siglo XX y, en consecuencia, no responde a las realidades del siglo XXI”.  Pero, al margen de un informe de gobierno, en nuestra realidad cotidiana lo observamos en vivo: una lucha contra la delincuencia en la cual el Estado y la sociedad llevan la peor parte y las autoridades lucen rebasadas e impotentes. Lo peor: el pesimismo social impera porque permea la impresión de que las autoridades aún no encuentran el mejor procedimiento para enfrentar esa lucha.