Por si acaso…

Por Carlos Jesús Rodríguez

EN EL ocaso de la administración Estatal las cosas no son como en los albores. La “palabra empeñada” deja de ser ley para convertirse en remedo de un discurso desgastado y sin fortaleza, más aun cuando la derrota abate por si misma los castillos de la intolerancia. Por ello no extraña que a seis días de concluido el fuero constitucional que impedía la detención de ex diputados Federales cómplices del saqueo perpetrado contras las arcas del Estado, un manto de impunidad los cobije, lo que induce a pensar que podrían ser salvaguardados por esa suerte de abuso, uno de los principales males de los regímenes “democráticos” que suelen taparse con la misma cobija, muy a pesar de que el conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la Impunidad (promulgado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de Febrero de 2005), define la impunidad como: “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”, y la definición encaja en lo que está sucediendo en Veracruz. A Javier Duarte de Ochoa –que se lo merecía, sin lugar a dudas-, se le persiguió, encarceló y procesó por diversos delitos cometidos contra los veracruzanos pero, también, como parte de una campaña de combate a la corrupción que en su momento le dio el triunfo al grupo gobernante, a tal grado que en la sucesión de quien gobierna se volvió a utilizar el slogan como bandera, pero fue tan exagerada la persecución que los afanes cayeron por su propio peso. Y es que ampliar el acecho o caza hacia la esposa y, por ende, a los hijos, lejos de sumar terminó por dividir, más aun cuando en Veracruz se ha perdonado a infinidad de aliados que antes lo fueron del gobernador en prisión, lo que terminó por esbozar la llamada ley juarista: a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas.

EN EFECTO, el régimen en funciones decidió indultar a los García-Guzmán-Escalante, de Pánuco; a Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo –aun cuando el gobierno en turno tenía a un Congreso supeditado para desaforarlos -como ocurrió, en cambio con Eva Felícitas Cadena Sandoval- y no lo hizo, por el contrario, los sumó a su grupo con tal de que votaran las iniciativas del PAN. Tampoco procedió contra otros tantos que prometieron, a cambio de inmunidad e impunidad votar por la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez, e incluso añadió a su equipo a perredistas como Rogelio Franco Castán a sabiendas de que fue beneficiario tanto de Fidel Herrera como de Javier Duarte, lo mismo que a otros de esa misma pandilla color mostaza incrustados en cargos menores que siguen haciendo de las suyas con autoridades municipales a las que venden favores que cobran a nombre de ciertos medios de comunicación, embolsándose sus pillerías, según denuncian los propios afectados.

EL PRIMER principio del mismo documento de los Derechos Humanos de la ONU establece que: “la impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, así como el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. Y es un principio universal que, sin embargo, en Veracruz se corre el riesgo de no cumplirse, dando paso a una impunidad que resulta, especialmente común, en países o Estados que carecen de una tradición sustentada en el imperio de la ley, sufren corrupción política o tienen arraigados sistemas de mecenazgo político, o donde el poder judicial es débil o está al servicio del ejecutivo, o las fuerzas de seguridad están protegidas por jurisdicciones especiales o inmunidades.

Y ES que se supone que la Fiscalía General del Estado ya tenía listos los expedientes en contra de Antonio Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de Duarte señalado como presunto cómplice de un supuesto jefe criminal en la zona de Tierra Blanca, versión por la que pidieron su desafuero, además de responsable de varios movimientos financieros durante su función como tesorero del Estado, lo que lo llevó a ser inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos, y en ese tenor, el 26 de Enero del año pasado el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz solicitó a la Cámara de Diputados el inicio del proceso de quitarle el fuero acusándolo de ser responsable por un presunto desvío de recursos de 23 mil 150 millones de pesos.

PERO NO es el único. Alberto Silva Ramos, ex coordinador de Comunicación Social de Duarte ha sido repetidamente señalado como uno de los presuntos cómplices del ex gobernante en casos de corrupción durante el pretérito Gobierno de Veracruz, siendo denunciado, entre otras cosas, por el desvío a empresas fantasma de hasta 245 millones de pesos del erario público, razón por la cual, Winckler Ortiz solicitó el 14 de julio de 2017 su desafuero para que pudiera ser acusado del desvío de 1 mil 500 millones de pesos, pero el 7 de Agosto de aquel año la sección instructora negó que el proceso de desafuero hubiera concluido, lo mismo que el de Tarek, y al día siguiente, 8 de agosto, aprobó por unanimidad el reinicio del proceso al considerar que la demanda cumple con los requisitos de procedencia, algo que no se logró.

PERO EL fuero constitucional ya está agotado, y de los acusados no sabe nada, pese a que, supuestamente, les tenían marcaje especial, y en ese tenor se encuentran Adolfo Mota Hernández, ex secretario de Educación; Edgar Spinoso Carrera, ex Oficial Mayor de la anterior dependencia; Noemí Guzmán Lagunes, ex secretaria de Protección Civil; Jorge Alejandro Carvallo Delfín, ex Secretario de Desarrollo Social y Erick Lagos Hernández, ex Secretario y ex subsecretario de Gobierno sobre los que, presuntamente, pesan investigaciones y procesos abiertos como parte del saqueo perpetrado contras las arcas de la Entidad, y a quienes el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tiene (o tenía) puesta la mira como parte del “combate a la corrupción. Ya por lo pronto, las únicas dos personas que habían sido sentenciadas por lavar dinero en la administración anterior, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, consiguieron el beneficio de la condena condicional bajo las reglas del sistema acusatorio, es decir, fueron puestas en libertad. De acuerdo con el expediente, las hermanas se declararon culpables de lavado, y dejaron el penal de Santa Martha Acatitla el 23 y 24 de agosto pasado, luego de cumplir un año 10 meses de su condena original, que era de 3 años cuatro meses. Así las cosas con el cambio. OPINA carjesus30@nullhotmail.com