El magistrado Pimentel Murrieta adelantó que junto con sus homólogos Martha Ramírez Trejo y Alberto Sosa Hernández  analizará si es viable impugnar el acuerdo de desaparición de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado,  “a través de los medios jurídicos respectivos”.

La propuesta del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, para suprimir esta sala fue sustentada con el argumento de generar austeridad, pues “permitiría un ahorro de 35 millones de pesos anuales”.

La medida también se justificó ante la ausencia de 13 magistrados por jubilación, a espera de que el Poder Ejecutivo y el Congreso propongan y aprueben los nuevos nombramientos, respectivamente, ya que la situación se agrava con la ausencia de otro magistrado por enfermedad.

Además, según la estadística del TSJ sustentadas por las mesas de turno de la Secretaría General de Acuerdos, en la última década las Salas Penales han bajado sus números en un 49.12 por ciento, atribuyendo las cifras a los beneficios del nuevo sistema de justicia penal.

De esta manera, al pasar de cuatro a tres salas para el próximo 17 de septiembre, se ajustaría la cifra actual de 832 asuntos atendidos por Sala Penal a mil 109, lo que genera la supuesta viabilidad de eliminar la séptima sala penal creada en 2003.

“Se nivelaría entonces la carga de trabajo atendido por cada una de las Salas del Tribunal Superior de Justicia, al quedar mil 109 asuntos por Sala Penal; mil 220 asuntos por Sala Civil y mil 414 asuntos por Sala Familiar”, es el razonamiento del Edel Álvarez.

No obstante, Pimentel Murrieta replicó que el pleno de los magistrados del TSJE presenta vicios de origen en su integración, toda vez que los presidentes de diversas Salas fueron propuestos por personas que no tienen el perfil de magistrados, careciendo de facultades.

“El magistrado Alfonso Balderas Ramírez fue designado como presidente de la Primera Sala (actualmente ausente por enfermedad). En consecuencia, el magistrado Marco Antonio Lezama Moo carece de legitimación para votar en representación de la primera sala”, planteó.

Detalló que Lezama Moo fue adscrito por el plano del Tribunal en la tercera sala y no existe ningún acuerdo modificatorio, de ahí que no puede dársele personalidad de presidente de la primera Sala con derecho a voto en este asunto.

Expuso que un caso similar es el de la magistrada de la Sala Constitucional Lizbeth Hernández Ribbón, quien votó como presidenta de Sala tras ser nombrada por dos personas que carecen de perfil de magistrados y carecen de legitimación.

Además, dijo que si existe una disminución en los asuntos de las salas penales no se puede atribuir completamente al  nuevo sistema, agregando que la Séptima Sala fue la primera en asuntos resueltos en 2017.

A su vez el magistrado criticó que en el acuerdo se estableció que los magistrados que se quedaron sin sala se integrarían provisionalmente a alguna de las ponencias vacantes existentes en la 1ra, 3ra, y 5ta Salas y que el personal adscrito será reubicado, en su totalidad, en espacios de igual o mejor categoría dependiendo de sus perfiles y atendiendo a las necesidades del servicio.

“Si se reubica de esta forma es evidente que no existe un principio de austeridad, solamente de una pretensión de desintegrar una sala (…); pero ya se comprometieron que se respetarán los puestos de trabajo y que cada magistrado se lleve a sus secretarios proyectistas y auxiliares a sus nuevas salas”.

Agregó que una simple consulta al INEGI advierte que Veracruz se quedará con 3 salas cuando tiene más de 8 millones de habitantes, mientras otras entidades como Nuevo León con más de 5 millones de habitantes tiene 6 salas penales, al igual que Oaxaca con casi 4 millones de habitantes.

Finalmente, el magistrado sostuvo que no existen estudios actuariales para avalar la medida; tampoco se consultó a la Fiscalía para advertir el número de carpetas de investigación pendientes de ejercicio de acción penal “que son miles”, ni el número de procesos en trámite en los juzgados penales, entre otros puntos.

Por su parte, el secretario general del Tribunal, Andrés Domínguez Fernández, tuvo que salir a dar la cara a los medios y justificó en entrevista que el proyecto de que la Sala Constitucional sea provisionalmente Sala Auxiliar ya se ha analizado desde hace tiempo.

“La Sala Constitucional tiene poca estadística o pocos asuntos, ya que muchos se han sobreseído con la reforma de Derechos Humanos de 2008 (…); muchos de sus asunto se dan vía amparo”.

Sin importar los argumentos en contra, la sala séptima fue desaparecida con el voto a favor de Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal, así como Marco Antonio Lezama Moo como presidente de la primera Sala y Vicente Morales Cabrera por la segunda sala.

También por los magistrados Julio Cesar Contreras Fernández como presidente de la tercera sala; Víctor Manuel César Rincón por la cuarta; Beatriz Rivera Hernández por la quinta, Roberto Armando Martínez Sánchez en la sexta y en la octava Fluvio César Rafael Vista.

Xalapa- 2018-09-0515:17:20- Jesús Ruiz/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO