Dialogando
Por Abel Domínguez Camacho

El próximo 27 de septiembre, en Nueva York, se reunirá la Asamblea General de Naciones Unidas en donde se pretende que, al menos, 11 de los 33 países que conforman la región firmen el Acuerdo de Escazú, considerado el primer tratado vinculante en América Latina que establece protecciones sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y el primero en proclamar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf)

En el Acuerdo se reconoce esta interrelación e interdependencia, lo que convierte este primer tratado regional de la CEPAL en un instrumento invaluable para lograr la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La CEPAL también enfatiza que el Acuerdo de Escazú “confirma el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible al vincular los marcos mundiales y nacionales, el acuerdo establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades —en particular, a través de la cooperación sur-sur—, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones“.

Al respecto Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y propuesta por Andrés Manuel López Obrador como embajadora ante la ONU, espera que “la región se comprometa con el acuerdo, a fin de su pronta entrada en vigor” y, manifiesta que al adherirse a este tratado histórico, además de continuar fortaleciendo la democracia ambiental, los 33 países de América Latina y el Caribe darán un paso más para hacer realidad la igualdad, el crecimiento económico sólido y el desarrollo sostenible para todos.

El Acuerdo de Escazú surge en el marco de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la Agenda 2030; importantes referentes obligados en la construcción- en México- del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y para los gobiernos estatales y municipales, como ya lo referí en la entrega anterior (https://abel-dialogando.blogspot.com/2018/08/fin-de-la-pobreza.html). Referentes que dan luz en la definición de objetivos y estrategias para el crecimiento y desarrollo de la economía mexicana. No son temas nuevos para el equipo de transición del presidente electo de México, de tal manera que, previo a la elaboración del PND 2019-2024, habrán de hacer las consideraciones propias en el Paquete Económico y en los Criterios Generales de Política Económica 2019 que se deberá entregar al Congreso de la Unión la próxima semana.

El Acuerdo de Escazú, es un instrumento jurídico adicional para poder atender la problemática ambiental que caracteriza a México: deforestación; degradación de los suelos; contaminación ambiental; contaminación del agua y el despojo de territorios a pueblos y comunidades indígenas. Al respecto Gustavo Alanís Ortega, Director General del Centro de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA ) -El Universal, 120818-  afirma que: “ entre otras razones, México debe firmar el Acuerdo de Escazú, puesto que se ha convertido lastimosamente en un país riesgoso para las personas defensoras ambientales. En México, en 2017 hubo 15 asesinatos de defensores del medio ambiente y a la fecha no se conocen ni han sido sancionados los responsables. Desde 2010 el CEMDA ha documentado a nivel nacional casi 400 agresiones a defensores ambientales”

Por otro lado, Amnistía Internacional llamó, en una carta conjunta firmada por 176 ONG, a los jefes de estado a suscribir el acuerdo y a continuación adopten medidas rápidas y eficaces para aplicarlo “Las naciones de América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de hacer historia y convertirse en líderes mundiales en favor de la protección del medio ambiente y los derechos humanos“, ha manifestado Erika Guevara Rosas, Directora para las américas de Amnistía Internacional.

Las expectativas puestas en la siguiente administración federal y en algunas entidades federativas son muy altas, 30 millones de mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México; a partir del primero de diciembre del presente año, más de 100 millones de mexicanos serán observadores permanentes de la Agenda del Presidente de México y de los Gobernadores. Cuentan con un claro diagnóstico y con los instrumentos y referentes para hacer valer el voto del pasado 01 de julio, para hacer ver porque EPN y su partido perdieron una oportunidad histórica.

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