Entre Columnas

Martín Quitano Martínez

mquim1962@nullhotmail.com

Como no sabían que era imposible, lo hicieron.

Anónimo

Después de la inseguridad, el flagelo de la corrupción es un tema que domina la discusión social de nuestro país, por el hartazgo que provocan los niveles existentes de descomposición pública y la arbitrariedad e impunidad que los minimiza, protege y los alimenta para subsistir.

La corrupción no es sólo un problema de moral pública o privada, es puntualmente un pesado lastre para el desarrollo de las sociedades. En su ascenso como actividad dominante de las acciones públicas, se han perdido una gran cantidad de oportunidades para el crecimiento y el desarrollo nacional.

Nunca como ahora, ha quedado claro que nuestro país reclama modificar el estado de cosas prevaleciente. Es una exigencia ciudadana más que una aspiración, detener los ejercicios públicos que han olvidado su esencia de servicio, honradez y austeridad.

Es una demanda básica pero de gran peso. Exige un actuar apuntalado en buenas prácticas, bajo leyes y normas que favorezcan la prevención, la evaluación continua y las sanciones en caso de actos que dañen el patrimonio social, referenciado en el manejo de los recursos públicos. En síntesis, romper las redes de corrupción y simulación.

En la captura, privatización y uso discrecional de los espacios y recursos públicos, así como en la violación u omisión de las leyes, se genera el deterioro profundo de mucho más que nuestras instituciones públicas. Con la “normalización” de las prácticas deshonestas se afectan los comportamientos sociales y las oportunidades para la mejora de nuestros espacios de convivencia, de nuestro entramado social.

En este marco, la instrumentación y puesta en operación del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, (SEA-Veracruz) debe ser vista como la respuesta a una demanda social para establecer políticas públicas que, incorporando a la ciudadanía, recompongan el quehacer público, regenerando la credibilidad y el respeto en las instituciones.

La vida pública está llena de claroscuros, es necesario reconocer nuestra fragilidad institucional y estar decididos a mejorarla, a limpiarla, empezando por escalar las concepciones bicolores de blanco y negro, buenos y malos, nosotros y ellos. A esta tarea estamos llamados todos porque a todos nos afecta y nos involucra. Se requiere serenidad, decisión y altura de miras para superar nuestros males, para identificar y desterrar esas taras y anomias que deben resolverse; será indispensable  apuntalar el camino con una clara voluntad política comprometida con las trasformaciones urgentes.

Las tareas del SEA-Veracruz implican concretar una amplia convocatoria que incorpore las aportaciones de ciudadanos comprometidos. Experiencias, estudios, actividades que mejoren las rutas, procesos y resultados del ejercicio público; elementos técnico administrativos y de vigilancia y evaluación social que cancelen los espacios de opacidad y toma discrecional de decisiones.

El SEA-Veracruz, como el Sistema Nacional, debe hacerse mejor, perfeccionarse, se debe construir para funcionar como un instrumento institucional y ciudadano de prevención y combate a la corrupción. Requiere un programa de trabajo por etapas que defina tiempos y alcances, incluyendo la construcción de la propia institución. Deberán diseñarse metodologías de evaluación e indicadores, líneas de investigación, rutas de monitoreo y análisis para que sea realmente el ente evaluador de las políticas anticorrupción en Veracruz.

Un valor transversal que deberá acompañar las actividades de este esfuerzo de construcción, es ampliar las formas de participación ciudadana con convocatorias serias y responsables a partir de comportamientos ubicados en un marco de reglas y normas que brinden sentido a reaccionar ante la corrupción y enfrentarlo como un fenómeno de interacción social en el que todos estamos involucrados.

Abrir espacios al escrutinio social, construir confianza, romper los elementos de simulación en los procesos de evaluación y seguimiento, de rendición de cuentas y transparencia que sobre los ejercicios públicos tenga la sociedad, para “desnormalizar” las prácticas de corrupción.

Ese es el reto del SEA Veracruz y de todos los interesados en que se logre, se necesita el aporte comprometido de los actores políticos y sociales, de una decidida voluntad política demostrada en hechos, un espíritu renovado para rebasar prejuicios personales y generar lo que sin duda debe de ser realmente un instrumento que abra oportunidades de transformación.

DE LA BITÁCORA DE LA TÍA QUETA

Fueron 6 años demasiado largos.

Monterrey, NL. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, declaró frente a empresarios que, de impulsar una reforma fiscal, propondría una fiscalización de contribuyentes a través de sorteos.

Ante 1,900 empresarios de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León, el presidente electo aseveró que durante el primer año de gobierno no llevaría a cabo ninguna reforma fiscal; no obstante, ésta la emprendería al ganarse la confianza de la ciudadanía.

En este sentido, refirió que la reforma que impulsaría sería para simplificar el trámite de la declaración de impuestos, además de realizar auditorías de forma aleatoria a personas físicas y morales.

Agregó que el objetivo sería no sólo la simplificación, sino también confiar en el contribuyente y no verlo como un delincuente en potencia, sino como un ciudadano responsable.

“¿A qué grado pienso plantear esto en su momento? De que todos los ciudadanos mexicanos tengamos que hacer una manifestación anual y decir: en uso de mis facultades mentales y bajo protesta de decir verdad, doy a conocer que tuve ingresos (por una determinada cantidad), y de acuerdo con una fórmula sencilla, me corresponde contribuir con tanto, y se deposita el dinero”, expuso.

Mencionó que partiendo de esa confianza, no se requerirá tener aparatos fiscales para perseguir a los contribuyentes, y sólo se realizaría “una especie de sorteo para hacer una indagatoria en su momento: tú manifestaste que tuviste ingresos por esta cantidad, pero resulta que no es así; estás mintiendo, estás engañando, entonces ahí sí, aplicación de la ley”.

En este sentido, Manuel Baltazar Mancilla, director general de México Fiscal, aseveró que hacer auditorías por medio de un sorteo podría resultar un poco riesgoso, ya que se podrían gastar recursos en auditorías que no dejen recaudación al fisco, mientras que contribuyentes que sí adeudan queden sin pagar.

“El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene todo un procedimiento para decidir a quién auditar y a quién no. Ya se construyó a nivel informático todo un sistema y una metodología para cruzar información y saber qué contribuyentes son más riesgosos que otros”, explicó.

Lo anterior, agregó, se lleva a cabo de esa manera porque los recursos de auditoría son limitados, por lo que el SAT enfoca de la mejor manera las revisiones a contribuyentes que en verdad tengan errores que permitan una recaudación adicional.

“Falta saber más de esta propuesta, pero por el momento podría ser un error. Gastar presupuesto en contribuyentes que sí cumplen pero salen sorteados para la auditoría mientras que otros podrían pasar años sin ser auditados y cumplir adecuadamente con sus obligaciones”, aseveró.

Por su parte, Carlos Cárdenas, expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), refirió que el desmontar los aparatos de fiscalización actuales sería llevar a bajo todos los avances que ha tenido el SAT, como lo es la factura electrónica.

Asimismo, aseveró que el que se realicen auditorías sólo por medio de sorteos, sin un análisis de riesgo del contribuyente, incluso podría generar una mayor evasión fiscal en el país, algo que las autoridades justo pelean con la fiscalización.

De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del SAT, de enero a junio de este año, se realizaron 32,428 auditorías, 59.7% menos que las realizadas en el mismo periodo del 2017, cuando se llevaron a cabo 80,535 revisiones.

No obstante, se recaudaron 86,269 millones de pesos, monto mayor en 9,564 millones a lo que se obtuvo en el primer semestre del año pasado.

La rentabilidad promedio de la fiscalización fue de 53.6 pesos, es decir, el retorno por cada peso invertido en fiscalización.

Confianza ciudadana

El político tabasqueño planteó a los empresarios esperar a que los ciudadanos confíen en su gobierno para llevar a cabo esa reforma, tendiente a simplificar las declaraciones de impuestos, y si se puede —dijo— reducir las tasas de impuestos.

“Que se mantenga el mismo marco legal, en lo fiscal, y que después llevemos a cabo una reforma. Vamos primero a acreditar el gobierno, a que funcione, porque no todo tiene que ver con las leyes; el problema es que no se cumple. No todo es el marco legal, es el recto proceder de los buenos gobernantes. Entonces vamos a probar cuando menos el año próximo, si podemos salir adelante con esto”, aseveró López Obrador.

Reiteró que en todo su gobierno, y particularmente en la Ley de Ingresos para el 2019, no habrá aumento de impuestos, ni nuevos; ni tampoco incremento al precio de la gasolina.

“De modo que no va a haber una reforma fiscal para recaudar más, aumentando los impuestos. Yo aprovecho para decirles que vamos a gobernar durante el primer año de esta manera, y vamos a llevar a cabo una consulta, recoger puntos de vista para que una vez que el gobierno esté acreditado, una vez que los ciudadanos le tengan plena confianza al gobierno, entonces sí podamos pensar en una reforma fiscal”, aseveró.

A la pregunta de cómo ayudaría fiscalmente a los empresarios y a las micro y pequeñas empresas, López Obrador afirmó que por ahora no es posible reducir las tasas de impuestos, aunque más adelante podría analizarse el tema.

“Lo mismo en cuanto a la revisión a las tasas que se ponen. ¿Por qué no pensar en reducirlas en su momento si esto va a significar apoyar el crecimiento económico y si va a significar crear empleos; todo esto vamos a analizarlo en su momento”, destacó.