Por si acaso…

Por Carlos Jesús Rodríguez

*Y aún falta la más grande: Solalinde
*Urge publicar credenciales halladas

¿QUIÉNES SON y qué delitos tan graves cometieron en vida los 174 cuerpos encontrados en una fosa clandestina de Arbolillo, municipio de Alvarado, muy cerca de donde en Marzo del año pasado fueron localizados 47 cráneos humanos en sepulturas similares, entre otros, los cuerpos de tres elementos de la Marina Armada de México “levantados” en el fraccionamiento Buenavista, de Veracruz, en Enero de 2017?. Y es que aún se recuerda cuando en Marzo de ese año, a escasos días del descubrimiento, el sacerdote y activista Alejandro Solalinde aseguró que el cementerio ilegal con 45 cadáveres que se sumaba a las 258 fosas con al menos 510 cuerpos descubiertos en los últimos seis años, representaban apenas una pequeña muestra de lo que faltaba por descubrirse en la crisis social de las fosas clandestinas. “Falta la más grande”, denunció el director del albergue “Hermanos en el camino” y defensor de migrantes, pues según los informes que poseía transmitidos por feligreses, hay fosas por hallarse en municipios como Coatzacoalcos, Córdoba y Tierra Blanca, además de que se debe buscar en cuevas donde, insiste, el crimen organizado arrojó cuerpos antes de cambiar su método de colocarlos en barriles de ácido para desaparecerlos. Al sacerdote no le hicieron caso, como tampoco a las cientos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, y de buenas a primeras surge el hallazgo, nuevamente, en Arbolillo, con un Fiscal General que se apresura a decir que no corresponden al periodo de Miguel Ángel Yunes Linares sino de mucho más atrás, esto es, a la administración de Javier Duarte de Ochoa a quien buscan endilgarle el delito de desaparición forzada ante los rumores de que podría recuperar su libertad. En breve.

LO CURIOSO, también, es que en este caso no se está llamando a la policía científica para que obtenga pruebas de ADN y se compulse con algunas que ya existen de familiares que buscan a sus desaparecidos a lo largo y ancho del País; todo pareciera pretender hacerse con prontitud, a tal grado que el martes circularon declaraciones de la diputada María Josefina Gamboa Torales argumentando que los restos que no sean reconocidos ”serán depositados en los panteones ministeriales que se adecuarán en seis municipios del Estado para evitar que terminen en fosas comunes”. Y uno se pregunta: ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué no se convoca a la policía Federal y otras instancias que cuentan con muestras de ADN para compararlas con las que se realicen a los restos? ¿Por qué no se publican en diferentes medios de comunicación los nombres de las personas que aparecen en credenciales para votar del INE, licencias y hasta tarjetas de crédito? ¿Cuál es el afán de que, si nadie identifica los restos, éstos sean llevados ipso facto a cementerios ministeriales?. Ciertamente, como lo reconoce la legisladora, hasta ahora ninguno de los integrantes de colectivos o personas que han acudido a la Dirección General de Servicios Periciales en Xalapa han reconocido prendas, credenciales u otros objetos contenidos en el álbum fotográfico elaborado tras el hallazgo de los restos exhumados de fosas clandestinas, por lo que la Fiscalía llevará estas muestras a las fiscalías regionales en otros municipios de la Entidad para que accedan personas que no se han podido trasladar a Xalapa, sin embargo, hay versiones de que al menos dos cadáveres corresponden al periodo correspondiente al actual gobierno.

Y UNO se vuelve a preguntar: ¿Por qué mostrar tan solo fotografías y no los objetos encontrados? ¿Por qué tanto hermetismo, a sabiendas de que no es lo mismo reconocer prendas en vivo y a todo color que mediante placas fotográficas que distorsionan colores y formas?. No se trata, de ninguna manera, de un hecho común, sino de 174 restos humanos que esperan ser identificados por familiares, y acaso lo prudente sería publicar la información que se posea, aun cuando se trate de personas con cierta fama cuyos nombres no se desea que trasciendan. Pero el asunto lejos de resolverse tenderá a gravarse al paso de los días, sobre todo porque los colectivos reclaman al Fiscal porque tanto y semejante hermetismo, y en ese tenor lo ha expresado la directora de Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Karla Quintana Osuna, cuando insiste en que la Fiscalía General de Veracruz violó la ley al informar primero a los medios de comunicación y no a las víctimas, el hallazgo de las 32 fosas clandestinas encontradas, presuntamente, en el municipio de Alvarado, pues a decir de la abogada, el Fiscal incumplió con la Ley General de Víctimas y la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas que les da derecho a los familiares de las víctimas de estar presentes durante las diligencias en las fosas. “El que no les hayan informado de esto, estar presentes en el proceso de exhumación junto con sus abogados e incluso sus propios peritos, significa que se les vulneraron varios derechos”. Por lo anterior, advierte que debido a las violaciones de derechos de las víctimas, analizan interponer quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, y de paso integrantes de Colectivos, junto con los abogados de la CEAV exigirán que la información se envíe a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se conozca cómo está integrada la carpeta de investigación.

PERO POR si no fuera suficiente, la Ley General en materia de Desaparición prevé la inclusión de las familias con las fiscalías especializadas en los trabajos de búsqueda, y establece en su artículo 70 que la Fiscalía Especializada de la Procuraduría tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de “facilitar la participación de los familiares en la investigación de los delitos previstos en esa Ley, incluido brindar información periódicamente a los familiares sobre los avances en el proceso de la investigación y persecución de los ilícitos en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. A su vez, el artículo 138 precisa que los familiares de víctimas de desaparición forzada de personas y desaparición por particulares tienen derecho a “participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen tendientes a la localización de la persona desaparecida”.

POR ELLO el cuestionamiento: ¿Qué se oculta en torno a los 174 cuerpos encontrados en Arbolillo, municipio de Alvarado, al negar inicialmente la información de la ubicación exacta de las fosas a los medios y a personas que buscan a sus familiares? ¿Cuál es el riesgo que se corría en caso de verter esos informes y, cuál es la prisa por llevar a los cementerios ministeriales los restos si no son identificados a la brevedad?. Insistimos, ojalá el Gobierno del Estado por conducto de su Fiscalía, publique todos los nombres que aparecen en las credenciales, pues eso sería de mucha ayuda en la identificación de cuerpos. Por lo pronto, familias de personas desaparecidas reconocieron las credenciales de cuatro de sus parientes en el catálogo de artículos hallados en el cementerio clandestino, y una de las credenciales corresponde a Griselda Arzamendi Monterosa, de 30 años, desaparecida el 28 de diciembre de 2016, quien dejó dos hijos menores de dos años de edad. Otra identificación es de Milton Carlos Santiago González, taxista desaparecido en 2016 en el municipio de Boca del Río. Así de simple. OPINA carjesus30@nullhotmail.com