Xalapa- 2018-10-07- Imagen del Golfo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Veracruz por el desalojo y agresiones hacia un grupo de personas jubiladas que se manifestaban frente al Palacio de Gobierno por la falta de pagos, así como a algunos periodistas que se encontraban en el lugar el 23 de septiembre de 2015 durante el gobierno de Javier Duarte.

 

El desalojo arbitrario y violento de 35 personas mayores jubiladas que se manifestaban frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa, atribuible a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y agresiones a dos periodistas que daban cobertura a ese hecho son la causa de la Recomendación 32/2018 dirigida al gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, así como a Hilario Barcelata y Jorge Winckler Ortiz, director general del Instituto de Pensiones y Fiscal General de ese estado, respectivamente.

 

Las personas agraviadas, algunas con limitaciones motrices, demandaban el pago oportuno de sus cheques por prestaciones de seguridad social y de fin de año, así como que hubiera fondos en las cuentas bancarias para cobrarlos, cuando, según testigos, recibieron descargas eléctricas con armas prohibidas, fueron empujadas con bastones cortos y largos y agredidas verbalmente, en tanto que los periodistas fueron aparentemente golpeados con toletes y amenazados.

 

Tras una investigación, el organismo nacional acreditó violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia en su modalidad de procuración, atribuibles a 22 servidores públicos adscritos al gobierno estatal.

 

Luego de conocer el caso por información periodística difundida en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos, la CNDH emitió un acuerdo de atracción debido al impacto del hecho, para investigar la situación que fue del conocimiento inicial de la comisión estatal.

 

La Comisión recomendó al gobernador del Estado de Veracruz que, en coordinación con el Instituto de Pensiones y la Fiscalía General, se repare integralmente el daño y se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a los 35 pensionistas y a los dos periodistas; colabore con la CNDH en la queja que presentará ante la Contraloría General de Veracruz para que investigue y determine las responsabilidades administrativas de 12 servidores públicos y demás autoridades que participaron en los hechos.

 

Además, deberá colaborar con la CNDH en la denuncia que presentará ante la Fiscalía General para que investigue y determine las responsabilidades penales de 12 funcionarios públicos y demás autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública; que la Secretaría de Finanzas transfiera oportunamente al Instituto de Pensiones los recursos económicos indispensables para que se entreguen a las personas pensionadas en tiempo y forma, y se impartan al personal de las Secretarías de Gobierno, de Finanzas y de Seguridad Pública cursos de capacitación en materia de derechos humanos.

 

Al director general del Instituto de Pensiones se le recomendó tomar medidas para cubrir oportunamente las prestaciones de seguridad social a las personas pensionadas; colaborar con la CNDH en la denuncia que presente ante la Fiscalía General estatal para que investigue y determine las responsabilidades penales de cuatro servidores públicos y demás funcionarios de ese Instituto que participaron en los hechos, y se capacite a los servidores públicos de esa instancia en materia de derechos humanos de las personas mayores.

 

El fiscal general de la entidad deberá integrar y determinar el Acta Circunstanciada y la Carpeta de Investigación 2, con el fin de determinar la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados; emitir una circular dirigida al personal de todas las fiscalías de Veracruz para que colabore con las comisiones nacional y estatal con la información requerida; colaborar con la CNDH en la queja que promueva ante la Visitaduría General de la Fiscalía General, por la responsabilidad que por acción u omisión en que pudieron incurrir 6 servidores públicos; y capacitar al personal en materia de derechos humanos de las personas mayores y periodistas.

AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO