Ante la andanada de críticas que ha recibido luego de promover una inexplicable reducción en la punición a Javier Duarte de Ochoa, la Procuraduría General de la República ha tenido que dar la cara e intentar justificar de manera técnico jurídica las razones que le motivaron a esa decisión, donde lo que queda claro, si es cierto lo que aduce, es que el sistema penal adolece de graves fallas que están permitiendo la liberación de los criminales.

Esto último no es algo ignorado. Se ha venido diciendo desde que dio comienzo la implementación del flamante y novedoso sistema que entró plenamente en vigencia hace muy poco, aunque ha pesado más la culpa hacia el ministerio público, cuya incompetencia profesional se destaca como razón predominante para que los jueces no tengan más remedio que liberar a los delincuentes.

Lo que impactó de manera positiva es que el subprocurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, la voz actuante en el caso, adelantó que existen 12 órdenes de aprehensión contra funcionarios del duartismo en aras de ser ejecutadas.

La expectativa está echada. Y la pregunta es si la PGR se atreverá a echarles el guante a esos pillos antes de que concluya el actual gobierno federal o si dejará el asunto a la decisión política del siguiente, cuyo alcance aún no se puede prever.