Xalapa- 2018-10-0416:06:11- Por un pifia los diputados locales del Congreso del Estado pudieron beneficiar a exfuncionarios acusados por el delito de desaparición forzada, entre estos al exfiscal general Luis Ángel “N”.

Esto ya que dieron pie a una “indebida interpretación” del Código Penal del Estado al modificar parcialmente dicha normativa, lo que intentó ser aprovechado en una audiencia de sobreseimiento solicitada por el ex fiscal general y su ex colaboradora, María del Rosario “N”, quien ocupó la Dirección de Investigaciones Ministeriales.

Se trata del decreto número 678 que ante la posibilidad de beneficiar a los ex funcionarios que están siendo procesados por ese delito se tuvo que corregir por los legisladores de último momento, acción que fue calificada por la defensa del exfiscal preso en Pacho Viejo como “el Decreto Luis Ángel”.

DESCUIDO LEGISLATIVO

Cabe explicar que el pasado 24 de julio del año en curso los legisladores derogaron o modificaron una parte del Código Penal del Estado, eliminando el capítulo que establece el delito de desaparición forzada de personas.

No obstante, dicho cambio se hizo a la par de crear la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado, misma que armonizó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Al derogar el Capítulo II Ter del Título XVII del Libro Segundo del Código Penal para el Estado los legisladores establecieron un artículo transitorio tercero señalando que “se empleará el principio de sucesión de normas penales sustantivas” en lo referente al delito de desaparición forzada.

Ante esta acción del Congreso e intentando valerse del principio de exacta aplicación de la Ley en materia penal, tanto el exfiscal general Luis Ángel “N” como su ex colaboradora María del Rosario “N” pidieron que se sobreseyera su caso, puesto que “no había delito qué perseguir”.

FALLA AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO

Este miércoles 3 de octubre al solicitar audiencia de sobreseimiento la defensa de Luis Ángel “N” y María del Rosario “N” argumentó que los ex funcionarios de la Fiscalía están siendo procesados en relación al Código Penal para el estado, vigente al momento de los hechos que se les imputan, cuando el capítulo correspondiente al delito de desaparición forzada fue derogado.

Tanto Luis Ángel “N” como a María del Rosario “N” son señalados por la Fiscalía, a cargo de Jorge Winckler, por su probable intervención en el delito de desaparición forzada presuntamente al ocultar y alterar, en enero de 2016, el hallazgo de 13 cuerpos localizados en la zona de la barranca “La Aurora” en Emiliano Zapata, así como de un ex policía muerto.

Arturo Nicolás Baltazar, abogado de ambos, argumentó que el hecho delictivo “no existe”, puesto que al entrar en vigor la Ley General en Materia de Desaparición se derogaban en automático todas las disposiciones que se contrapongan a esta.

Pese a esto la argumentación fracasó en la audiencia realizada en los juzgados de Pacho Viejo, Coatepec, es decir que no logró que se sobreseyera el caso, lo que hubiera sido equivalente a una sentencia absolutoria para los imputados.

CONGRESO TUVO QUE CORREGIR FALLO

Apenas unos días antes de dicha audiencia el pasado 27 de septiembre los diputados del Congreso del Estado tuvieron que abrogar o dejar sin efecto el referido decreto con el que derogaron el Capítulo II Ter del Código Penal del Estado, para “evitar confusiones”.

Esto ya que la derogación iba a entrar en vigor este 5 de octubre, luego de que se publicó en la Gaceta Oficial con número extraordinario 354 el 4 de septiembre.

Por ello los coordinadores de la fracción del PAN, Sergio Hernández; del PRD, Jazmín Copete; de MORENA, Zenyazen Escobar; del PRI, Juan Nicolás Callejas y de “Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri, propusieron el pasado 25 de septiembre evitar el inicio de su vigencia.

Esto bajo el argumento de que el artículo Décimo Transitorio de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas señala que:

“En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal que corresponda, podrá efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado, incluyendo sus modalidades, sin exceder el monto de las penas señaladas en la respectiva ley vigente al momento de la comisión de los hechos”.

Además, los coordinadores señalaron que la Ley General también previene que “la autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, según las modalidades correspondientes”, lo que fallidamente intentó aprovechar la defensa de Luis Ángel “N” y María del Rosario “N”.

“En razón de lo anterior, es preciso abrogar el citado Decreto número 678, para mantener la vigencia de los artículos 318 Ter, 318 Quater, 318 Quinquies, 318 Sexies, 318 Septies, 318 Octies y 318 Nonies del Código Penal para el Estado, dadas las previsiones de la Ley General”.

Luego de presentar la propuesta la Diputación Permanente del Congreso local convocó a una sesión extraordinaria para el 27 de septiembre en la que se avaló por unanimidad el dictamen presentado por los diputados de los diversos grupos legislativos para abrogar dicho decreto, corrección que fue publicada en la Gaceta Oficial el mismo día, hecho que pasó inadvertido hasta la audiencia que requirió el ex fiscal general preso en Pacho Viejo.

PROYECTO DE TODOS LOS PARTIDOS

La aprobación de la Ley y modificación del Código Penal derivó de un proyecto dictaminado ante el pleno por las comisiones permanente unidas de Procuración de Justicia y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

No obstante la derogación del dictamen fue propuesta por la comisión de Procuración de Justicia, integrada por los diputados del PAN, José Luis Enríquez Ambell, María Josefina Gamboa Torales y el legislador de MORENA Zenyazen Escobar García, quienes coincidieron en que el decreto “podría originar problemas de interpretación”.

Además añadieron un artículo segundo transitorio, estableciendo que los artículos del Código Penal continuarán aplicándose en aquellos procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

“Igualmente, en aquellos casos en que la continuidad de la conducta delictiva hubiera cesado antes de la entrada en vigor de dicho ordenamiento y en los procesos en etapa de ejecución anteriores a este inicio de vigencia, siempre que no se realice la traslación del tipo penal, conforme a la Ley General”.

Jesús Ruiz/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO