Legisladores de Morena en el Senado promovieron ayer una reforma constitucional para extinguir el dominio y decomisar bienes a funcionarios corruptos y sus prestanombres que hayan incurrido en actor de corrupción y tráfico de influencias.

La medida plantea la modificación del artículo 22 de la Constitución para que el Estado pueda hacer extinción de dominio (procedimiento mediante el que el Estado puede perseguir bienes de origen ilícito, por la vía judicial), en casos de corrupción.

La reforma también aplicaría en casos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de la justicia.

En el reglamento actual, sólo se puede hacer Extinción de Dominio en casos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo, vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito.

“La extinción de dominio procederá respecto de los bienes que estén intitulados a nombre de terceros y que existan elementos suficientes para estimar que fueron utilizados para el hecho que la ley señala como delito”, dice la iniciativa.

Con la reforma, también se separaría el proceso penal por acusaciones de corrupción y el proceso de extinción de dominio, lo que pone en el centro del combate a la delincuencia y a la corrupción, el aspecto financiero. Es decir, ir contra las ganancias obtenidas por quienes violaron la ley, independientemente de si se les condena por la responsabilidad de actos de corrupción.

El proyecto fue presentado en tribuna por José Antonio Álvarez Lima y fue turnado a comisiones.

Con información de Regeneración